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Con la finalidad de generar mejores condiciones de vida y garantizar los derechos humanos de la infancia, la diputada Sandra Amaya Rosales presentó la iniciativa de reformas Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para crear el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias.
Cabe recordar que desde hace tres legislaturas, la propuesta de crear un “Padrón de Deudores Alimentarios” se encuentra en “trámite”, sin que hasta el momento en Durango sea una realidad.
El mes pasado en su visita por la región Laguna, el coordinador de la bancada priista en el Congreso, Ricardo López Pescador, dijo que en su momento la iniciativa fue presentada por Ali Gamboa y posteriormente ratificada por Gabriela Hernández, y recientemente por la diputada Sughey Torres.
“No se ha rechazado ni está en la congeladora, está en trámite… porque los análisis que ha habido al interior de la legislatura de Durango es esa, cómo le hacemos para no violar los derechos de los hombres, porque también alguien puede sentir que se les está violando su intimidad”, detalló.
Por su parte, Sandra Amaya consideró importante tomar en consideración que de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia lo que se convierte en un problema grave que requiere de soluciones.
“Es necesario hacer énfasis en la importancia del derecho alimentario, por lo cual proponemos establecer en Ley, que la niñez tenga el derecho inalienable e irrenunciable a recibir alimentos de sus padres o tutores”, puntualizó al realizar la ampliación de motivos.
Por ello, Amaya Rosales explicó que las reformas buscan priorizar uno de los derechos más importantes para cualquier persona, los recursos para satisfacer la mayoría de sus necesidades, ya que, hacer cumplir este derecho dignifica y asegura la manutención de las niñas, niños y adolescentes.
“Debemos continuar mejorando las condiciones de nuestras familias duranguenses y priorizar la de nuestras niñas y niños, para que puedan prosperar y tener una mejor calidad de vida”, precisó a lo largo de su intervención.
De esta manera, la calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, el cual, será público con base en lo dispuesto en Ley de Protección de Datos Personales, cuyos datos podrán ser utilizados para los fines estadísticos o de análisis que se consideren necesarios.
