Además de las afectaciones y la incertidumbre a miles de familias, se perderán inversiones millonarias.
Trabajadores de casinos y líderes de sindicatos a nivel mundial alertaron sobre el decreto que prepara la Secretaría de Gobernación (Segob) a diversas disposiciones del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que prevé prohibir las máquinas tragamonedas en casinos, lo que advirtieron podría provocar el desempleo de 100 mil personas en el país, fomentar un mercado negro y pérdidas al erario por casi 5 mil millones de pesos.
Después de una reunión con senadores, con quienes cabildean el llamado "decretazo" contra los casinos, expusieron que existió apertura de los legisladores para escuchar sus planteamientos y los escenarios que provocará dicha prohibición, entre otros el desempleo de miles de empleados de esa industria, pero también que diversas zonas turísticas del país pierdan un sector de visitantes que optarán por viajar a otros países.
El decreto prevé la desaparición de varios artículos del reglamento y con ello se eliminará el permiso de los casinos a tener tragamonedas, por lo que quedarán prohibidas, pero quienes tengan un permiso vigente se respetará hasta su término, pero no se renovarán.
Además, el decreto reducirá los años de permiso que otorgará el Gobierno Federal para el funcionamiento de estos establecimientos.
Daniel Amoroso, presidente mundial del Sector Juegos de la Unión Internacional de Trabajadores, expuso a los senadores que este decreto generará afectaciones en más de 100 mil trabajadores y sus familias que trabajan directa e indirectamente en los casinos con máquinas tragamonedas en México, porque su empleo "tendrá un vencimiento en los próximos meses o años".
"Estamos cabildeando con funcionarios, con legisladores porque esta reforma no está bien diseñada, no se tomó en cuenta a otros países, no se tomó en cuenta la opinión de los empresarios, de los trabajadores, de una actividad regulada, que paga impuestos y que tiene inversiones millonarias a largo plazo", apuntó.
Mario Madrigal, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Hoteles, Restaurantes, Comunicaciones, y Servicios en Entidades Locales (Sintoled), dijo que además de las afectaciones y la incertidumbre a miles de familias, se perderán inversiones millonarias, la capacitación a trabajadores, lo mismo técnicos que profesionistas encargados de la tecnología y el mantenimiento de esta industria, sumado a que muchos mexicanos optarán por viajar al extranjero para jugar y apostar.
Ello, dijo, sumado a que la industria de los casinos con máquinas tragamonedas perdería alrededor de 15 mil millones de pesos al año y el gobierno federal alrededor de 5 mil millones vía impuestos.
Dicho juego significa unos 4 mil 700 millones de pesos de ingresos para el erario público.
Sugirió que de quedar así derogado, "el único resquicio de misericordia que Luisa María Alcalde y López Obrador tendrían con esta industria es que los derechos de los casineros se respetarán hasta que se venza la vigencia de su permiso".
