La presencia de los cárteles del narcotráfico en México es una problemática que ha alcanzado proporciones alarmantes en los últimos años.
Estos grupos criminales se han convertido en una fuerza económica considerable y, al mismo tiempo, han reclutado para sostenerse a miles de jóvenes y adolescentes en sus filas, con un devastador impacto en términos de violencia y víctimas.
RECLUTAMIENTO A EDADES ALARMANTES
Un informe de Reinserta revela que la edad promedio de involucramiento en el crimen organizado en México se sitúa entre los 12 y 15 años. Esto significa que, en lugar de encontrar oportunidades en la sociedad, muchos jóvenes ven en los cárteles una vía de escape a la violencia y la falta de perspectivas. Además, el 48.4% de los adolescentes en centros de internamiento tienen o tuvieron a un familiar privado de libertad, lo que sugiere un ciclo de criminalidad que afecta a generaciones enteras.
De manera aún más alarmante, 9 de cada 10 personas privadas de la libertad tuvieron su primer contacto con actividades delictivas antes de cumplir los 6 años. Esto refuerza la idea de que el crimen organizado se ha infiltrado profundamente en la sociedad mexicana desde temprana edad.
Aproximadamente, 30,000 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos delictivos, según datos de REDIM publicados al corte de 2019. Además, un estudio de Reinserta revela que el 74% de los jóvenes en conflicto con la ley tuvieron contacto con grupos delictivos en sus comunidades.
LOS CÁRTELES COMO EMPLEADORES
Un estudio liderado por Rafael Prieto Curiel, expolicía de Ciudad de México, publicado en Science, arroja luz sobre la sorprendente dimensión de los cárteles como empleadores en México.
Estos grupos criminales emplean entre 160,000 y 185,000 personas, reclutando un promedio de 350 individuos cada semana para mantener sus filas. Esto los coloca como el quinto empleador más grande del país, superando a empresas como Oxxo y a la paraestatal Pemex.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatir a los cárteles, su tamaño ha aumentado en aproximadamente 60,000 miembros en la última década, alcanzando un estimado total de 175,000 en 2022. Este crecimiento es un desafío significativo para la seguridad nacional.
EL ALTO COSTO DE PERTENECER A UN CÁRTEL
Un aspecto crítico señalado por el estudio de Sciece es el alto riesgo y la mortalidad a la que se enfrentan los miembros de los cárteles. En una década, el 17% de las personas reclutadas por estos grupos criminales pierde la vida debido a detenciones y asesinatos. Para mantener su tamaño, los cárteles necesitan reclutar nuevos miembros constantemente debido a estas pérdidas.
El índice de Paz México 2023 muestra, a su vez, un aumento del 64.2% en la tasa de delincuencia organizada en los últimos ocho años, con incrementos notables en extorsión y narcomenudeo.
En tanto, la rivalidad entre cárteles, especialmente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, ha resultado en un aumento significativo en los homicidios relacionados con el crimen organizado.
El CJNG, en particular, ha sido asociado con el 81% de los homicidios en enfrentamientos entre cárteles desde 2013.
PRESENCIA TERRITORIAL DEL NARCOTRÁFICO
Diversos cárteles tienen presencia en diferentes regiones de México, con el CJNG dominando estados como Jalisco, Colima y Aguascalientes, mientras que el Cártel de Sinaloa se establece en Sinaloa y Durango, entre otros. Esto presenta un desafío constante para el país, ya que la violencia y la influencia de los cárteles siguen siendo preocupaciones.
SECUELA DE LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Para Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los resultados más nefastos de la "Guerra contra el narcotráfico" durante el gobierno de Felipe Calderón fue el aumento en el reclutamiento de niños y adolescentes por la delincuencia organizada.
Pero, aún más, lo es el hecho de que esta problemática persiste en estados marcados por la inseguridad y la violencia, exacerbada por la pobreza y la falta de presencia estatal.
A pesar de los llamados a fortalecer la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el marco normativo y la institucionalidad en México siguen siendo débiles. Por tanto, para la experta jurídica es fundamental abordar este problema desde una perspectiva de prevención temprana y fortalecimiento del marco legal e institucional.
México, subraya la académica, tiene un conjunto de leyes especiales para los menores de edad llamado el Sistema de Justicia para Adolescentes. Esto está establecido en el artículo 18 de la Constitución y tiene en cuenta las características del desarrollo de los jóvenes, evitando juzgarlos de la misma forma que a los adultos.
Sin embargo, los grupos delictivos aprovechan esta situación para reclutar niños, niñas y adolescentes, ya que saben que si son capturados y llevados a juicio, no serán castigados con la misma severidad que un adulto.
Ante ello, en 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU le indicó al Estado mexicano que debía realizar un estudio sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de la delincuencia organizada. También se le pidió que abordara las causas estructurales de este fenómeno, como la violencia armada en áreas controladas por grupos delictivos, el tráfico de drogas, la desigualdad de género y la marginación. Además, se instó a investigar los casos de desapariciones y homicidios violentos.
No obstante, la violencia vinculada al crimen organizado y el narcotráfico siguen siendo una constante en el país, con hechos particulares como los crímenes contra cinco jóvenes en Lagos de Moreno y la desaparición de siete más, con 6 fallecidos, en Zacatecas, tan solo en los dos meses más recientes.
