AMLO se ha comprometido a esclarecer lo ocurrido y ha abierto los archivos de las Fuerzas Armadas a la investigación.
Nueve años han transcurrido desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un caso que ha trastocado a México y al mundo entero.
A lo largo de estos años, se han tejido una serie de mitos y realidades en torno a este suceso que aún no ha sido esclarecido por completo, mientras el Gobierno de México, en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha prometido una respuesta antes de terminar el actual sexenio.
EN CONTEXTO
El 26 y 27 de septiembre de 2014, un hecho atroz sacudió a México: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Este trágico suceso involucró a múltiples autoridades y organismos de seguridad, y desde entonces, las familias de las víctimas han buscado respuestas sobre el destino de sus seres queridos.
Según las primeras investigaciones, los estudiantes se encontraban en Iguala para tomar autobuses que planeaban utilizar en una manifestación en la Ciudad de México. Sin embargo, las autoridades locales, estatales y federales se involucraron en un operativo que resultó en la persecución, detención y desaparición de los jóvenes.
El entonces presidente, Enrique Peña Nieto, respaldado por su procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó una versión oficial conocida como la "verdad histórica", que afirmaba que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal, Guerreros Unidos, y posteriormente incinerados en un basurero de Cocula. Sin embargo, esta narrativa fue cuestionada desde el principio.
HECHOS Y REALIDADES
La "Verdad Histórica". Uno de los mitos más persistentes fue la "verdad histórica" presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que sostenía que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Esta versión ha sido desacreditada por expertos y organismos internacionales que consideran científicamente imposible la incineración de 43 cuerpos en esas condiciones.
Colusión entre autoridades y crimen organizado. Los hechos indagados sí revelaron una colusión entre autoridades locales, estatales y federales con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Esta realidad desmontó la narrativa oficial de un enfrentamiento entre estudiantes y narcotraficantes.
Desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Las investigaciones sí han señalado la participación de diferentes niveles de autoridades en la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes.
Involucramiento de las Fuerzas Armadas. Las pesquisas sí han arrojado luz sobre la posible participación del Ejército en los hechos, evidenciando la presencia de militares en lugares clave y la interceptación de comunicaciones durante la noche de la desaparición.
Nueva Comisión y cambio de narrativa: El presidente Andrés Manuel López Obrador instauró una Comisión de la Verdad para investigar el caso y cambió la narrativa oficial, declarando que se trataba de un "crimen de Estado". Esto marcó un quiebre con la versión previa del gobierno.
POSTURA DE LA FEDERACIÓN
La administración de Andrés Manuel López Obrador ha tomado una posición diferente con respecto al caso Ayotzinapa que la de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto.
AMLO se ha comprometido a esclarecer lo ocurrido y ha abierto los archivos de las Fuerzas Armadas a la investigación. Sin embargo, esta postura no ha estado exenta de críticas debido a la falta de avances concretos y a las contradicciones en las cifras proporcionadas por el presidente.
La Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, ha desmontado la "verdad histórica" y ha señalado la colusión entre autoridades y el crimen organizado. Además, ha destacado la participación de militares en la desaparición de los estudiantes.
A lo largo de los años, en refuerzo a la postura federal, se han realizado detenciones en relación con el caso Ayotzinapa. Hasta el momento, 112 personas han sido privadas de la libertad, incluyendo 18 miembros de Guerreros Unidos, pero 77 de ellas han sido liberadas por tortura u otras violaciones a sus derechos humanos.
Sin embargo, el paradero de los 43 normalistas aún es desconocido, aunque las investigaciones siguen en curso y se han identificado líneas de investigación pendientes que involucran a diversos actores, incluyendo a elementos del Ejército y la Policía Federal.
