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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en contra del Cefereso número 14 de Gómez Palacio así como de la Fiscalía General del Estado de Durango.
De acuerdo con el documento 55/2023, con fecha del 31 de marzo del año en curso, la recomendación se emite por la violación a los derechos humanos, a la salud mental, a la seguridad jurídicia, a la integridad personal y vida, así como al derecho al acceso a la justicia en su modalidad de Procuración de Justicia de manera pronta.
La recomendación va dirigida a los titulares Antonio Hazael Ruiz Ortega, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y a Sonia Yadiera de la Garza Fragoso, fiscal general del Estado.
Según el documento, la víctima en un estudio inicial que se le practicó por parte del departamento de Trabajo Social en mayo del 2021, se advirtieron factores de riesgo suicida, por lo que era necesario que se le procurara su bienestar mental.
Pese a ello, omitieron aplicar oportunamente el protocolo estipulado en la Ley General de Salud, hecho con el que se vulneró su derecho a la seguridad y legalidad en concordancia con el derecho a la salud en su modalidad de salud mental.
La citada falta de atención y seguimiento psicológico mediante un oficio del 29 de abril de 2022, en el cual el personal de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del citado órgano, en el cual no se desprende ninguna nota que indique que la víctima haya sido atendida por personal de Psicología posterior al 16 de mayo, que fue cuando se le practicó el estudio inicial.
Lo anterior, pese a que el sistema de Ceferesos cuenta con un protocolo con acciones específicas y procedimientos que el personal penitenciario debe realizar para identificar e intervenir en los casos de riesgos suicidas.
En tanto que la autoridad estatal omitió determinar en la carpeta de investigación del caso los hechos que le ocasionaron la muerte de la víctima a sus familiares, al dejar activa la indagatoria por un año, dejándolos en total incertidumbre. La CNDH consideró la temporalidad "como excesiva y no justificada".
Es por ello que entre las recomendaciones al Órgano Administrativo está: que en un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, se giren instrucciones a personal de Salud Psicología, Trabajo Social y de Salud a fin de llevar a cabo las acciones suficientes de prevención, detección e intervención de personas que desde su ingreso al Cefereso denoten factores de riesgo de conducta suicida, para lo cual deberán aplicarse adecuada y oportunamente las disposiciones del protocolo en materia de prevención del suicidio vigente, en el tiempo y forma que ahí se dispongan, ello con la finalidad de dar cumplimiento al punto recomendatorio.
En tanto que a la Fiscalía General se le recomendó que, en plazo no mayor a 6 meses, se capacite a los Ministerios Públicos adscritos a la Vicefiscalía Zona I, Región la Laguna, sobre la relevancia de desempeñar su empleo, cargo o comisión de forma eficiente, a fin de no exceder de un plazo razonable para determinar las carpetas de investigación que cuenten con elementos suficientes para ello, con el objetivo de evitar vulnerar el derecho al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia de manera pronta, el cual deberá ser efectivo para prevenir hechos similares a los del presente caso. El curso deberá impartirse por personal que acredite estar calificado y con suficiente experiencia en derechos humanos; en las que se incluya los programas, objetivos, currículos de las personas facilitadoras, lista de asistencia, videos y constancias. Hecho lo anterior, se envíe pruebas de su cumplimiento a la CNDH.
