(EFE)
Ante las voces que aseguran que la compra del Gobierno federal de 13 plantas de generación de energía a Iberdrola a un costo de casi 6 mil millones de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que fue una "muy buena decisión" y conveniente para las dos partes.
"En efecto, se han manifestado muchas opiniones, nosotros consideramos que fue una muy buena decisión y creo que conveniente para las dos partes", dijo.
El pasado 4 de abril, el presidente López Obrador anunció la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica de Iberdrola a un costo estimado en casi 6 mil millones de dólares, lo cual, aseguró, significa "una nueva nacionalización".
En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que Iberdrola inició su actividad empresarial a partir de la privatización de la industria eléctrica que, afirmó, inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
"Iberdrola inicia su actividad empresarial en México a partir de la privatización de la industria eléctrica. Es de las primeras empresas que obtienen permisos para generar electricidad en nuestro país, un poco de historia.
"Antes de Salinas, toda la energía eléctrica que se producía en México la generaba la CFE de acuerdo a la Constitución solo la CFE, el Estado, la nación, podía llevar a cabo actividades de generación y de distribución y venta de la energía eléctrica. Cuando llega Salinas hace una reforma a una ley secundaria, ni siquiera a la Constitución y empezó a dar permisos a particulares".
Ayer lunes, se informó que en opinión de especialistas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la operación de compraventa de 13 plantas de Iberdrola, en la que participó el Gobierno mexicano, envía una "señal negativa" a los inversionistas que quieran llegar al país.
"Es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente (Andrés Manuel López Obrador) a Iberdrola [sin ninguna prueba objetiva]. Ello en un momento cuando el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización o nearshoring", señaló.
Para especialistas del CEESP, con esta operación "la preferencia revelada del gobierno es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral".
