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Sin entrar al fondo, con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, por numerosas violaciones en el proceso legislativo, con lo que se anula la posibilidad de que se aplique en las elecciones locales del Estado de México, Coahuila o la presidencial en 2024.
Previo a la discusión, la Corte, por unanimidad, desechó el incidente de recusación con el que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal pretendía impedir al ministro ponente Alberto Pérez Dayán participar en la discusión sobre la validez del Plan B.
Al iniciar la sesión, el ministro Pérez Dayán presentó el proyecto y enfatizó que existe violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución porque la reforma combatida se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo.
Debido a que la iniciativa por la que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, no es la misma que se presentó para su aprobación en la sesión del 06 de diciembre de 2022.
Pese a que los ministros tuvieron diferencias en algunos temas, la mayoría estuvo de acuerdo en que existieron graves violaciones al procedimiento legislativo, ya que los diputados de oposición no conocían las iniciativas que se estaban votando.
Esto, derivado de la acción de inconstitucionalidad promovida ante la SCJN por PRD, PAN, PRI, MC, así como diputados y senadores contra las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Los nueve ministros que votaron a favor del proyecto fueron: Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
En contra del proyecto votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
En su intervención, la ministra presidenta, Piña Hernández, coincidió con el sentido del proyecto, pues advirtió que el decreto impugnado fue emitido sin observar algunas reglas constitucionales y legales del proceso democrático que dan lugar a un potencial invalidante, a saber, se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse.
Además, no tuvieron tiempo para examinar previo a la deliberación derivado de que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida.
