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El Parlamento peruano aprobó el viernes acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por presunta corrupción, organización criminal y lavado de activos con lo que la fiscalía podrá denunciarlo ante la justicia debido a que el mandatario quedó despojado de sus privilegios como exautoridad.
La decisión se aprobó con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones. La resolución legislativa indica que se permite la acusación contra Castillo porque el exmandatario presuntamente dirigía un círculo corrupto —integrado por amigos y familiares— en la concesión de contratos de obras públicas. Otros dos exministros de Castillo —Juan Silva y Geiner Alvarado— también fueron incluidos.
La hipótesis de la fiscalía fue presentada por primera vez el 11 de octubre de 2022 ante el Parlamento, durante la gestión de Castillo, quien empezó su breve gobierno el 28 de julio de 2021.
El 7 de diciembre Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y arrestado poco después de intentar disolver el Parlamento, en una maniobra que no fue respaldada ni por los militares ni por la policía.
Castillo —en prisión provisional en una cárcel exclusiva de Lima para expresidentes— fue llamado por el Parlamento para ejercer su defensa mediante una videoconferencia, pero el exmandatario pidió asistir de forma presencial al Legislativo, una petición que no fue aceptada.
Luego de que Castillo fuera destituido, el Congreso nombró como su sucesora a su entonces vicepresidenta Dina Boluarte quien tomó el poder el 7 de diciembre. Desde esa fecha se han desatado manifestaciones en todo el país que exigen la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento, las cuales han dejado 60 muertos, 48 de ellos en choques con las fuerzas de seguridad.
