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Los diputados locales avalaron las minutas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impide ser candidatos o funcionarios públicos quien tenga una sentencia por violencia familiar, delitos sexuales o incumplimiento en el pago de pensión alimentaria, conocida como “3 de 3 contra la violencia”, así como para disminuir la edad para ocupar cargos públicos.
Sin embargo, el Congreso del Durango se convirtió en uno de los pioneros en incluir en su Constitución Política, que ningún agresor de violencia familiar, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, violación o feminicidio, puede ser candidato a cargos de elección popular o asumir funciones en dependencias y organismo de gobierno.
Como parte del Constituyente Permanente y durante la sesión ordinaria, el Congreso del Estado se sumó a las 10 entidades federativas que han avalado las modificaciones enviadas por el Congreso de la Unión, donde se contó con el respaldo de la organización civil “Si hay mujeres en Durango”.
Al hacer uso de la tribuna, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Amaya Rosales, afirmó que este es un paso crucial en la lucha contra la impunidad en el ámbito político.
“Es fundamental establecer mecanismos que impidan que aquellas personas que hayan incurrido en conductas ilícitas o violaciones éticas ocupen puestos de poder en el servicio público”.
Ante esta exigencia pública, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Sandra Reyes Rodríguez, consideró importante que quien quiera ocupar un cargo público compruebe la idoneidad para desempeñar su labor y no sólo eso, sino que al ser servidor público demuestre tener una vocación a la ética en todos los aspectos. “Con esto elevamos los estándares de honestidad, ética y responsabilidad pública”.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Fernando Rocha Amaro, aseguró que estas disposiciones constitucionales marcarán un antes y un después en la vida jurídica del país, porque velarán por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y por el interés superior de la niñez; principios vulnerados en la actualidad, por deudores alimentarios, agresores sexuales y violentadores familiares.
De la misma manera, el diputado Enrique Benítez Ojeda y las diputadas Marisol Carrillo Quiroga y Verónica Pérez Herrera, resaltaron los avances legislativos hacia la ética y el cumplimiento de la ley.
En la segunda minuta que se sometió a consideración del pleno, también se incluyó la adecuación para disminuir la edad de 21 a 18 años para ser diputado y de 35 a 21 para ser secretario del Estado, donde Durango se convirtió en el noveno estado en aprobar según la página del Senado de la República.
