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La controvertida reforma de las pensiones del presidente francés, Emmanuel Macron, que provocó meses de protestas en las calles hasta su adopción en abril por decreto, entra en vigor progresivamente a partir de este viernes para retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.
Ese retraso se va a escalonar hasta 2030 a razón de un trimestre cada año, de forma que las generaciones nacidas a partir de 1968 tendrán que jubilarse como mínimo a los 64 años.
La reforma, cuyo objetivo declarado es conseguir el equilibrio financiero del sistema a comienzos de la próxima década, también supone una aceleración del alargamiento del periodo de cotización necesario para recibir una pensión completa, de 42 a 43 años.
El paso a los 43 años ya estaba previsto en una reforma anterior que llevó a cabo el Gobierno del presidente socialista François Hollande (2012-2017) pero se va a adelantar a 2027.
Para hacerla socialmente más aceptable y mitigar el efecto para los trabajadores que empezaron a trabajar muy jóvenes (por lo general con pocos estudios), que son los que salen peor parados, el Ejecutivo de Macron diseñó un dispositivo llamado de "carreras largas".
Eso permite una jubilación anticipada a los que empezaron a trabajar con 21 años (a los 63) o menos. A los 60 podrán hacerlo los que comenzaron con 20; a los 60 con 18 años y a los 58 con 16 años.
Los que no hayan cubierto el periodo de cotización completa y quieran recibir una pensión completa, tendrán que esperar a jubilarse a los 67 años, como hasta ahora.
A la pensión, se añadirá una prima para las madres (y los padres) que hayan cubierto los 43 años de cotización un año antes de llegar a la edad de jubilación legal (es decir a los 63 años) y dispongan de trimestres bonificados por maternidad y educación de los hijos. Esa prima podrá suponer hasta un 5 %.
La reforma supondrá una revalorización de las pensiones más bajas, con hasta 100 euros mensuales adicionales para aquellos que tienen derecho a una pensión completa, y que busca garantizar que perciban un 85 % del salario mínimo.
De eso se beneficiarán 1.7 millones de pensionistas actuales y unos 200,000 de los que se jubilan cada año, es decir, alrededor de una cuarta parte del total.
La mayor parte de los regímenes especiales que subsistían van a desaparecer, lo que significa que la edad de jubilación pasará a ser la del régimen general.
Pero a esos regímenes especiales (como el de los trabajadores del sector de la electricidad y del gas, de la compañía ferroviaria SNCF o de la entidad del transporte metropolitano de París RATP) se aplicará la llamada "cláusula del abuelo".
En la práctica, se verán afectados por la reforma los que sean contratados a partir de hoy, mientras que los que tienen un contrato anterior se beneficiarán de las mismas prerrogativas que hasta ahora, y eso durante toda su vida laboral.
Algunos oficios de riesgo en el sector público (como policías y bomberos) o que conllevan un desgaste particular (empleados de hospitales), seguirán pudiéndose jubilar más pronto que el resto de los trabajadores, pero también con un retraso progresivo de dos años respecto a la situación actual.
Así, por ejemplo, los policías podrán jubilarse a los 54 años, en lugar de a los 52 hasta ahora, siempre a condición de haber cotizado un determinado periodo.
Las protestas -algunas violentas- contra la reforma reunieron a todos los sindicatos, así como a la oposición de izquierdas.
La extrema derecha también se posicionó claramente en contra, aunque se mantuvo a distancia de la organización de manifestaciones en la calle que consiguieron sacar a entre 1,28 y 3,5 millones de personas -según las fuentes- en el pico del movimiento el 7 de marzo.
