La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido hoy dos primeras órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por deportación ilegal de niños ucranianos, un paso sin precedentes, al ser la primera vez que este tribunal pide detener a un jefe de Estado aún en el ejercicio de su cargo.
También es la primera vez en su historia que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
“Es un paso muy importante para la CPI: perseguir a un jefe de Estado en funciones mientras lleva a cabo una guerra llena de crímenes de guerra sistemáticos”, admite Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional.
La CPI emitió una orden de detención contra Putin como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
Su responsabilidad individual se debe a su papel como jefe de Estado, por “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros” o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según la Corte.
Rusia no es miembro del tribunal porque no ha ratificado el Estatuto de Roma. Lo firmó en el 2000, pero retiró la firma en 2016 tras anexionarse Crimea.
Ucrania tampoco ha ratificado el tratado, pero ha reconocido la jurisdicción de esta Corte para investigar los crímenes de guerra en el país. Esto permite a la CPI procesar a ciudadanos rusos, incluido su presidente, por delitos cometidos en Ucrania.
“Putin tampoco es inmune ante la CPI porque ésta no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado (único tribunal que no lo hace). La elección de los casos es también muy interesante: entre los muchos crímenes de guerra que se están cometiendo, el fiscal (Karim Khan) prioriza el secuestro de niños a gran escala”, agrega la experta.
SEGUNDA ORDEN DE ARRESTO
La segunda orden de arresto ha sido contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Los crímenes se cometieron presuntamente desde el 24 de febrero de 2022, fecha del comienzo de la invasión rusa de Ucrania.
De Hoon cree que este caso es “relativamente fácil” porque Putin y Lvova-Belova están “hablando públicamente de los éxitos de su campaña para ‘rescatar’ a niños ucranianos y ponerlos en adopción en familias rusas”, lo que legalmente es deportación forzada y se traduce en un crimen de guerra.
“No es que no nieguen lo que están haciendo, es que argumentan que está justificado, algo con lo que dudo que los jueces de la CPI estén de acuerdo”, señala la letrada.
El principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de los sospechosos porque este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta que los arrestados estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse.
¿PUTIN SÍ PUEDE SER DETENIDO?
De momento, con esta orden ya emitida, Putin y Lvova-Belova se arriesgan a ser detenidos si viajan a uno de los 123 países miembros de la CPI, porque los Estados firmantes de su tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos.
“El fiscal de la CPI espera que esto ya sea una señal importante para todos los que participan en esta guerra”, cree De Hoon, que recuerda que es “un mito” que la CPI no pueda procesar a Putin porque Rusia no es Estado miembro.
Con esta paso, la CPI manda un mensaje a Moscú ya los defensores de la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa, algo con lo que el fiscal Karim Khan nunca ha estado de acuerdo.
“Les dice: sí, la CPI puede emitir órdenes de arresto de cualquier persona que cometa crímenes internacionales en el territorio donde tiene su alcance. En este caso: Ucrania. Y puede procesar a cualquiera, sin importar su posición política”, detalla De Hoon.
La ONG Human Right Watch celebró estas órdenes de arresto porque “convierten a Putin en un hombre en busca y captura” y son “un primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores” de la guerra en Ucrania.
Se espera que pronto la CPI emita una segunda tanda de órdenes de detención contra sospechosos de ataques a infraestructuras civiles alejadas de objetivos militares en Ucrania.
¿QUÉ DICE RUSIA AL RESPECTO?
Rusia respondió con dureza a los anuncios de la CPI y tachó de "nula jurídicamente" la orden de arresto del jefe del Kremlin, Vladímir Putin.
"Las posibles 'prescripciones' de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas", escribió María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.
La diplomática argumentó que "Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional", por lo que, al respecto, "no tiene obligaciones".
En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de "indignante" e "inadmisible".
"Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho", dijo, según la agencia RIA Nóvosti.
La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Putin se ha reunido en varias ocasiones con Lvova-Belova para abordar temas como la situación de los menores en los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas o los subsidios para las familias de voluntarios y mercenarios rusos.
Al respecto, Lvova-Belova se congratuló hoy de que la comunidad internacional aprecie la labor que Rusia hace para que los niños no permanezcan en zonas de guerra y crear para ellos "buenas condiciones de vida".
"Hubo sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí. Ahora, una orden de arresto. Interesante qué vendrá después. Seguimos trabajando", dijo a la prensa local.
En octubre pasado la funcionaria admitió que unos 350 huérfanos ucranianos habían sido acogidos por familias rusas.
Mientras, el subjefe del comité internacional del Senado ruso, Vladímir Dzhabárov, tachó de "criminales" a los miembros del tribunal de La Haya y abogó por la liquidación de la corte.
Es la primera vez en su historia que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (EFE)
