Pareciera que el gobierno de López Obrador no aprende o no desea aprender de sus errores, en los últimos días como es costumbre incurrió en varias pifias, algunas de ellas francamente incomprensibles.
La más sonada ha sido sin duda la propuesta de tres aspirantes para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó vacante Arturo Zaldívar cuando inesperadamente renunció para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum.
Acertó el primer mandatario al mandar una terna integrada por mujeres con el fin de incrementar la presencia y participación femenina en un órgano tan importante para la vida del país como es la máxima corte de Justicia.
Sin embargo, López Obrador no tuvo el menor tino al incluir a personas afiliadas a Morena, algunas en puestos del gobierno y además dos de ellas con cercano parentesco con altos funcionarios del régimen.
Berta María Alcalde Luján, quien estuvo cerca de obtener los dos terceras partes de los votos del Senado para ser elegida, ha sido funcionaria del actual gobierno pero además es hermana de la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
A su vez, Lenia Batres Guadarrama es hermana del jefe de gobierno de la ciudad de México, Martí Batres, mientras que la tercera en la lista María Estela Ríos González es consejera jurídica del Ejecutivo Federal.
El pasado miércoles el Senado tomó la sensata decisión de rechazar la terna de AMLO quien deberá enviar en los próximos días una nueva propuesta. La mayor pifia no es tanto la cercanía de las aspirantes a Morena, en otros países como Estados Unidos es común que los mandatarios propongan ministros afines.
Lo grave aquí es que ninguna de las tres cuenta con conocimientos suficientes del poder judicial como para ser designada ministra de la Suprema Corte de Justicia.
En el pasado también se cometieron estas torpezas como sucedió con el ministro Eduardo Medina Mora, impuesto en el 2015 por el presidente Enrique Peña Nieto y que a la postre resultó un fiasco en la Corte por su escasa experiencia en el ámbito judicial.
El segundo tropiezo se refiere al decreto lanzado por el gobierno federal para concesionar siete rutas de trenes de pasajeros que operaron hasta el año 1995.
Entre las rutas destacan algunas de largo alcance y que en su momento fueron incosteables como la México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo y la México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales.
Los trenes de pasajeros traen buenos recuerdos a muchos mexicanos, especialmente cuando en algún momento se contó con un servicio de calidad y a precios accesibles.
Pero este medio de transporte fue superado tiempo atrás por el servicio de autobuses y por los automóviles privados además de los aviones que son muy eficientes y en ocasiones económicos.
Extraña además que el decreto se lanzó al cuarto para las doce cuando el gobierno morenista va de salida por lo que será muy difícil concretar este proyecto.
Por cierto, ¿por qué lanzar nuevos proyectos cuando no se ha podido concluir el tren Toluca-CDMX ni tampoco diseñar rutas cortas que podrían ser rentables como la México-Querétaro y la México-Puebla?
Para cerrar con broche de oro, el gobierno de AMLO emitió un decreto que concesiona el manejo de cuatro aeropuertos a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se trata de las terminales aéreas ubicadas en Uruapan, Michoacán; Palenque, Chiapas; Puerto Escondido, Oaxaca, y la terminal de Puebla, que se encuentra en el Municipio de Huejotzingo.
Con esta acción la Secretaría de la Defensa Nacional operará un total de doce aeropuertos en diez estados del país, incluyendo la terminal internacional Felipe Ángeles que ha sido un fracaso económico.
En lugar de promover a la iniciativa privada, cuya opera con eficiencia varias terminales aéreas del país, López Obrador se inclina una vez más por su eterno aliado el Ejército que por cierto no ha logrado todavía poner en operación a la nueva Mexicana de Aviación.
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Ya lo anticipamos en este espacio: la aventura política de Samuel García "seguramente terminará en un desastre para su persona, su familia y la comunidad de Nuevo León". Así está ocurriendo y peor todavía podría provocar una crisis constitucional que obligará al Senado de la República a intervenir y declarar la desaparición de poderes en Nuevo León. Esperemos no llegue la sangre al río y el joven Samuel sepa comportarse y acatar la ley de su entidad.
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