No se comprende cuál es el criterio que utiliza el gobierno federal para asignar los recursos que en vía de apoyo asigna a los municipios guerrerenses o privarlos de ellos, siniestrados por el huracán que azotó la costa del Pacífico sur.
Apenas el 2 de noviembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil, por conducto de su titular, Laura Velázquez, hizo una Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa, fuertes vientos, inundación fluvial e inundación pluvial, los días 24 y 25 de octubre en 47 municipios del Estado de Guerrero.
Sin embargo, sorpresivamente, y sin mediar explicación alguna, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, en lo que llamó "nota aclaratoria", declaró en emergencia a sólo dos municipios, Acapulco y Coyuca de Benítez. Esto significa que "los restantes 45 que fueron eliminados de la lista original no serán favorecidos con fondos emergentes o dispensas en contratación de obras para acelerar las tareas de reconstrucción".
Cualquiera que sea la razón o argumento que maneje la Secretaría de Gobernación en vías de explicación de la conducta asumida, resulta un acto criminal dejar sin apoyos de ningún tipo a un conglomerado humano que tras haber enfrentado y sufrido los efectos de un fenómeno geológico como es un huracán con un saldo de daños en vidas humanas y en los bienes de las personas, que realmente no tiene nombre ese acto del gobierno, cuando sabe que la gente quedó sin vivienda, sin empleo, sin recursos para poder superar la situación y rehacer su vida, buscando alcanzar la normalidad.
Los mexicanos tenemos la característica de ser solidarios con los semejantes que sufren una desgracia, y más cuando ésta se convierte en tragedia como es el caso que comentamos; tal parece que el propósito del régimen es ahondar la división de los ciudadanos creada por la naturaleza, estableciendo diferencias artificiales, emanadas de criterios oficialistas que atentan contra el espíritu de unidad y solidaridad, virtudes propias del pueblo mexicano.
Este comportamiento del gobierno federal es inadmisible, por incomprensible, pues hay que tomar en cuenta que el huracán fue despiadado e inmisericorde con las comunidades guerrerenses más humildes; en efecto fueron los municipios más atrasados económica y socialmente los que sufrieron perjuicios en vivienda, propiedad y posesiones que, prácticamente, dejó a sus habitantes en la calle;
No solamente Acapulco y Coyuca de Benítez resintieron los efectos del ciclón, por más que el primero sea la joya turística de la República. Se comprende por esto que debe. recibir un trato preferencial, sin dejar solos a los otros 45 municipios porque no están en condiciones de afrontar por si mismos el fenómeno meteorológico dado el precario estado de su economía. De aquí que el gobierno federal debe replantear su estrategia y actuar en consecuencia. A los jodidos, jodieron más, esperando el auxilio que el gobierno tiene la obligación moral, política y humana de proporcionarles.
De acuerdo con las informaciones publicados por los distintos medios de comunicación, son aproximadamente dos millones de personas las que asentadas en la parte montañosa del Estado de Guerrero están varadas en esta parte de la República Mexicana.
Es elocuente y angustioso el tono de voz de Tomás Hernández Palma; Edil de Ajuchitlán, cuando denuncia: "La Segob no ha dado ninguna explicación de la súbita eliminación de cuarenta y cinco municipios ni cuales serían las consecuencias. Ajuchitlán es uno de los municipios borrados de la Lista original de la contingencia y no sabemos qué va a pasar con la gente. Dijo;
"Guerrero no es sólo Acapulco; somos cincuenta municipios. PRIMERO, POR EL HURACÁN FUIMOS GOLPEADOS; AHORA POR EL GOBIERNO SOMOS DISCRIMINADOS".
