(ESPECIAL)
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha tenido graves deficiencias en su labor fundamental de garantizar que la administración pública cumpla sus objetivos y produzca los resultados esperados; pese a ello, el Congreso aprobó una reforma para darle más responsabilidades y convertirla en una "supersecretaría", al permitirle consolidar las contrataciones y compras de bienes, tarea que hasta ahora correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Desde el inicio de esta administración (2018) a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha auditado a la SFP en ocho ocasiones, y le ha realizado un total de 95 observaciones por deficiencias diversas, entre ellas, que en 2019 las autoridades de la dependencia, a cargo de Roberto Salcedo Aquino, negaron el acceso a los auditores a sus instalaciones y archivos, y también se negaron a comparecer ante la ASF.
La Auditoría Superior de la Federación ha denunciado el rechazo de la SFP a entregar expedientes por presuntas anomalías en declaraciones patrimoniales; reportó carencias de mecanismos de control para comprobar el cumplimiento cabal de las declaraciones patrimoniales y, por consecuencia, no dio seguimiento a posibles prácticas de corrupción.
Denunció asimismo que la SFP fue facultada para profesionalizar a los servidores públicos y para operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera y en ambos casos "no hubo resultados satisfactorios".
Con esa lista de deficiencias en sus obligaciones centrales, la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue avalada en la Cámara de Diputados y el Senado y está a la espera de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que implica su entrada en vigor.
En 2019, la Auditoría Superior de la Federación publicó cinco fiscalizaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2018. En la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-0- 27100-21-0089-2019, el órgano fiscalizador constató fallas en la implementación de la estrategia de contraloría social, "ya que se identificaron 10 mil 947 comités de contraloría social duplicados, de los 179 mil 493 comités registrados como constituidos".
En otro de los informes se fiscalizó el desempeño e impacto de los libros blancos de la administración pública federal: "De la revisión del contenido y calidad de los 207 libros se pudo observar que 100 por ciento mostró deficiencias en su integración y elaboración".
Entre las carencias destaca información incompleta en los libros y la falta de datos sobre el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos de las dependencias: "La Secretaría de la Función Pública no cumplió su mandato de coordinar, dar seguimiento y supervisar el proceso de elaboración e integración de los libros blancos, ya que no contó con mecanismos de seguimiento y supervisión, para asegurar el correcto cumplimiento del proceso, por lo que no contribuyó a la integración de la información que coadyuvara a facilitar la toma de decisiones y la rendición de cuentas clara y efectiva".
