El caso de espionaje con Pegasus se convirtió en un escándalo que cimbró al Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
El caso de espionaje con Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue uno de los mayores escándalos en torno al Gobierno del priista. Este 2023, cinco años después de su salida de la Presidencia de México, arrancó el primer juicio que se lleva a cabo en el país por espionaje con el uso de este software, un expediente que sigue acumulando revelaciones.
Según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dados a conocer durante 2021, el Gobierno mexicano, bajo el mandato de Peña Nieto, contrató este software para espionaje telefónico, desatando un entramado que involucra a varios altos funcionarios y figuras prominentes.
El entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló en ese momento que el contrato ascendió a 32 millones de dólares y fue canalizado a la empresa NSO Group, con sede en Israel, a través de Grupo Tech Bull, una empresa fachada vinculada a Balam Seguridad Privada. Esta firma, a su vez, se benefició de un perdón fiscal en el Gobierno de Peña Nieto por un delito de defraudación fiscal, generando interrogantes sobre la relación entre la exoneración y la venta del programa espía.
ESPIONAJE CON PEGASUS EN MÉXICO
El programa Pegasus, una herramienta intrusiva, fue utilizado para espiar a periodistas, activistas, políticos y opositores, desafiando la privacidad y generando acusaciones de abuso de poder. Entre las personalidades espiadas se encuentran Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, y otros líderes políticos y empresarios, incluso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El inicio del juicio por espionaje con Pegasus en 2023 involucra a Juan Carlos García Rivera, señalado por espiar a Carmen Aristegui desde la empresa Proyectos y Diseños VME, ligada al grupo empresarial KBH, proveedor de Pegasus en el Gobierno de Peña Nieto. Este juicio, que despliega más de 200 pruebas, incluye testimonios de activistas y exfuncionarios federales.
El escándalo va más allá: se han revelado listas de investigados en el sexenio pasado, denominados "Los Maléficos", que incluyen no solo a políticos de oposición y periodistas, sino también a familiares cercanos del presidente López Obrador y a empresarios prominentes como Carlos Slim y Germán Larrea.
AMLO, actual mandatario federal, ha prometido transparencia, comprometiéndose a entregar información sobre los contratos de Pegasus, y subrayando la importancia de revelar los costos financieros de estos actos ilícitos. Asimismo, ha asegurado en diversas ocasiones que su Gobierno ya no recurre a esta práctica, salvo en casos de seguridad.
¿QUÉ ES PEGASUS?
El nombre de Pegasus, tras el escándalo suscitado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pasó de ser una figura mitológica a ser un software intrusivo en el imaginario colectivo. Este sofisticado sistema de espionaje, diseñado por la compañía israelí NSO Group, opera con un alto grado de complejidad y se introduce en los dispositivos móviles con el propósito de espiar y vigilar, justificándose bajo la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.
Pegasus se activa de manera sigilosa al recibir un mensaje o llamada en el teléfono objetivo, y su inquietante habilidad radica en su capacidad para acceder al dispositivo sin necesidad de que el propietario responda o abra el mensaje. Una vez instalado, este software tiene acceso al micrófono, cámara y localización del dispositivo, actuando como un intruso omnipresente y discreto.
Este nivel de sofisticación lleva a Pegasus a autodestruirse si no cumple su objetivo en un tiempo determinado, eliminando así cualquier rastro de su presencia. Su detección es extremadamente complicada para el usuario promedio, ya que suele ser utilizado a nivel gubernamental. Sin embargo, existen herramientas como el Mobile Verification Toolkit de Amnistía Internacional que pueden ayudar a detectar su presencia en un dispositivo.
LA RED DE EMPRESAS LIGADAS A PEGASUS
Detrás de este sistema de espionaje se encuentra una compleja red de empresas. En su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), enlistó a las compañías vinculadas con la adquisición de Pegasus y el flujo irregular de recursos asociados a ellas.
Entre las empresas vinculadas con Pegasus se encuentran:
- Grupo Tech Bull S.A. de C.V.
- Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale S.A de C.V.
- Balam Seguridad Privada S.A. de C.V.
- Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V.
- Artículos Textiles Equipo y Accesorios MV SA de CV.
- Proyectos y Diseño VME S.A.de C.V.
- Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos S.A. de C.V.
- KBH TRACK S.A. DE C.V.
- Grupo Comercial Vicra S.A. de C.V.
Estas empresas han sido identificadas por su participación en la adquisición y manejo de recursos relacionados con Pegasus. Tech Bull, por ejemplo, firmó un contrato millonario con la Procuraduría General de la República en el pasado, y Balam Seguridad Privada fue señalada por realizar transacciones con un grupo de empresas que presentan características de fachada.
Es importante destacar que, según la UIF, estas empresas mostraron una escasa permanencia de recursos, coincidencia en domicilios y perfiles sociodemográficos incongruentes con los accionistas. Además, no se detectaron transacciones de estas entidades durante la actual administración de López Obrador, y la mayoría de los fondos fueron transferidos a Estados Unidos, Italia e Israel.
EL JUICIO
Tras el sexenio de Peña Nieto y en la recta final del periodo de López Obrador, se lleva a cabo en México el primer juicio por el caso de espionaje con Pegasus, centrado en la figura de Juan Carlos García Rivera, empleado del grupo empresarial KBH, proveedor de Pegasus a distintas dependencias federales, bajo el mandato del priista.
La FGR acusa a García Rivera de haber espiado con el software a la periodista Carmen Aristegui desde la empresa Proyectos y Diseños VME, de la que era director de tecnologías, localizada en la Avenida Ejército Nacional 598, en la Ciudad de México.
En el juicio, el juez emitirá su veredicto sobre su culpabilidad o inocencia, con base en 219 pruebas: 124 documentos, 24 dictámenes periciales y 71 testigos, entre los que se encuentran activistas canadienses y exfuncionarios federales.
