Trabajadores de la Secretaría de Salud de Coahuila presentaron dos denuncias ante la Fiscalía del estado.
Suman dos denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Coahuila por parte de ocho trabajadores de la Secretaría de Salud de Coahuila que acusan presunto fraude, suplantación de identidad, robo de cuantía mayor agravado, retención de cosa ajena y administración fraudulenta.
La primera denuncia colectiva (con cinco personas), se interpuso a mediados de junio de este año, mientras que la segunda (con tres personas) fue recibida en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra las Personas el pasado 25 de julio del año en curso.
En esta última, las inconformes son las enfermeras adscritas al Hospital General de Torreón, Miriam Midory Solórzano Girón, Yazmín Ortíz Barrón y Cynthia Hernández Bueno; ingresaron el primero de noviembre de 2020 y están en la nómina de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, por lo que cobran por cheque.
Señalan que si bien estos últimos están a su nombre, no cuentan con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario o se encuentran cruzados. Finanzas de Coahuila los envía a la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de La Laguna.
En el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisaron que los certificados fiscales digitales aparecieran timbrados a su nombre, detectando que en los ejercicios de 2021 y 2022 había comprobantes que justificaban supuestos pagos por concepto de aguinaldo o gratificación de fin, aguinaldo gravable, prima vacacional gravable y estímulo por antigüedad. A cada una, les apareció una cantidad irregular de 24 mil 624.36 pesos. Ellas aseguran que nunca recibieron ese dinero y que supuestamente en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 les informaron que esos cheques no habían llegado a las oficinas para su entrega.
Otros de los trabajadores que presentaron su denuncia por la misma situación, fueron Aziel Enrique Medina Moreira, quien era jefe del departamento de Ingeniería Biomédica en dicha clínica, Cristina Lariza Salas Hernández, del departamento de Recursos Humanos y el enfermero Juan de Dios Orona Esquivel. El resto prefirió no revelar su identidad públicamente. De ellos, los montos irregulares son por 24 mil 624.36 pesos; 31 mil 877.44 pesos; 24 mil 624.36 pesos; 20 mil 229.91 pesos y 96 mil 481.94 pesos. En las 8 quejas, suman 271 mil 711.09 pesos.
El personal de salud pide que se proceda a la indagatoria del caso y en su oportunidad se ejercite acción penal correspondiente en contra del titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de La Laguna de Coahuila y otras dos personas que forman parte de su equipo de trabajo, así como en contra de quienes resulten responsables.
¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?
Este medio de comunicación buscó a finales de mayo al secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, para pedir su opinión y dijo que las presuntas irregularidades debían ser atendidas por parte de la Secretaría de Finanzas del estado.
A mediados de julio de este año, algunos de los denunciantes fueron despedidos de manera verbal del Hospital General y sobre ello, el secretario comentó que él no tenía nada que ver con las bajas. Insistió en que la nómina de ese personal era de Finanzas y que había sido manejada por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, por lo que él era quien podía dar una respuesta al respecto. El Siglo de Torreón ha tratado de contactar en diversas ocasiones (tanto por WhatsApp como directamente en su oficina) al jefe jurisdiccional, pero no se ha tenido éxito.
Y debido a que ninguna autoridad del estado les ha dado una respuesta, un grupo de afectados acudió el pasado lunes 31 de julio a la reunión del Subcomité de Salud, que se celebró en el Centro de Convenciones de Torreón y la cual es encabezada por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.
Llevaron una lona que decía "Sr. Gobernador Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís. Secretario de Salud Dr. Roberto Bernal Gómez. Exigimos nuestra reinstalación a nuestro trabajo, no a la represalia con despidos por demanda a nuestros pagos no recibidos".
Dijeron que el gobernador sí los atendió, que le entregaron la demanda por escrito y que, de manera formal, les dijo que revisaría el caso.
