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Las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado de dinero y delincuencia organizada contra el abogado Juan Collado Mocelo y dos de sus socios, presos desde 2019 en el Reclusorio Norte, por la supuesta adquisición irregular del edificio sede de Caja Libertad, ubicado en Querétaro, fueron desestimadas por la delegación de la propia FGR en la entidad desde diciembre de 2020.
Así consta en un acuerdo de no ejercicio de acción penal del que EL UNIVERSAL posee copia, emitido por el titular de la Agencia Séptima Investigadora Querétaro, Fernando Ramos López, quien determinó que la operación de marzo de 2015, por 156 millones de pesos, fue legal y no simulada, como asegura la oficina central de la FGR en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, que abrió en este caso.
La FGR acusa a Collado Mocelo de beneficiarse de una presunta auto compra del edificio de la zona comercial Centro Sur de la capital queretana, en complicidad con el expresidente de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, y José Antonio Vargas Hernández, quienes supuestamente llevaron a cabo operaciones fraudulentas.
Con un poder notarial ilegítimo, José Antonio Vargas Hernández, entonces representante de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, S.A de C.V., vendió el inmueble a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., representada por Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, por 156 millones de pesos, más 17 millones de impuestos, de los cuales 24 millones de pesos habrían sido transferidos a Collado Mocelo, de acuerdo con la investigación de la FGR.
Sin embargo, al realizar un análisis de la compraventa ad corpus, derivado de una denuncia por despojo de la propiedad turnada por la Fiscalía General de Querétaro, en febrero de 2020, al considerar que se configuraba el delito de lavado de dinero, Ramos López resolvió que el proceso quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad del estado y se pagaron los impuestos.
El agente del Ministerio Público de la Federación expuso que los montos se pagaron mediante transferencia bancaria que Rodríguez Gálvez realizó desde una cuenta de Banorte a una del banco BBVA, expidiéndose recibo de pago por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la Dirección de Ingresos a favor de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V.
Con base en ello, decretó el no ejercicio de la acción penal en este asunto iniciado en la carpeta de investigación FED/QRO/QRO/0000348/2020, que fue autorizado por el delegado de la FGR en Querétaro, José Guadalupe Franco Escobar.
"El día 25 de marzo de 2015, mediante escritura 14,163, pasada ante la fe del licenciado Héctor César Jiménez Arreola, notario público adscrito a la Notaría número 02 de la demarcación notarial de Cadereyta de Montes, Querétaro, la persona moral OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SFP, el inmueble ubicado en lote de terreno marcado con el número dos, de la manzana CS-12, de lo que es conocida como la Zona Comercial Centro Sur, del polo de desarrollo denominado 'Centro Sur', en la ciudad de Querétaro, ubicado en la confluencia de las avenidas Fray Luis de León y Boulevard Bernardo Quintana, con una superficie de 3,877.17 M2, el precio de la operación de compraventa lo fue la cantidad de $156,000,000 (ciento cincuenta y seis millones de pesos 00/100 M.N), operación que quedó debidamente inscrita en el Registro Público y se pagaron los impuestos".
De acuerdo con el análisis de las constancias entregadas por la Fiscalía de Justicia de Querétaro, el titular de la Agencia Séptima Investigadora concluyó que no "hay un origen ilícito en la adquisición de ese bien inmueble" desde diciembre de 1994 en que fue vendido el terreno por el gobierno de Querétaro hasta la adquisición del mismo por Libertad Servicios Financieros, del abogado Juan Collado, en marzo de 2015.
En 2005, la empresa Centro Sur vendió al señor Luis Alfonso Mier Cuevas el lote donde está el edificio de Libertad Servicios Financieros, y éste a su vez lo enajenó a José de Jesús Martínez Tejeda.
Martínez Tejeda vendió 80% del terreno a la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, S.A. de C.V., y 20% restante a Grupo MR, B, S.A. de C.V., que vendió su parte a Operadora de Inmuebles del Centro, con lo cual adquirió la totalidad de la propiedad del inmueble.
"De todas estas operaciones, se advierte un común denominador y ello es que se realizaron ante fedatarios públicos, operaciones que fueron debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, pagándose los impuestos que corresponden a éstas; luego entonces, no se puede presumir ni de forma indiciaria que provengan de un delito".
En consecuencia, determinó que "no se puede presumir en ningún momento que los recursos empleados en las diversas compras realizadas del inmueble ubicado de la zona comercial Centro Sur, de la ciudad de Querétaro, provengan de recursos ilícitos, o que con los mismos se oculten recursos de esa procedencia, por lo cual la adquisición, inversión y venta realizadas en los distintos puestos en conocimiento de la Fiscalía de Querétaro sean de naturaleza lícita".
Leonardo Vázquez Chávez, abogado de José Antonio Vargas Hernández, dijo que el lunes pasado se enteraron con sorpresa de la determinación, la cual "rompe toda la hipótesis por lo que está intentando acusar la Fiscalía General de la República a Juan Collado y mi cliente, sobre la compraventa tratándose de un asunto meramente civil, mercantil que si hubiese algún derecho que alguien hubiera exigido lo tenían que haber hecho por la vía civil y no escalarlo a una fiscalía para llevar a prisión a personas inocentes".
Al determinarse que la compra es lícita y que está debidamente documentada en escrituras, el litigante afirmó que la FGR debe desestimar las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de Juan Collado y de los demás involucrados.
En entrevista, Vázquez Chávez dijo que la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, trata de sostener una acusación que fue sobreseída desde diciembre de 2020 por su delegación en Querétaro.
"La FGR en la Ciudad de México dice que existe una simulación de esa compra cuando ya quedó debidamente establecido, por su delegación en Querétaro, que la compra del inmueble es lícita, está sustentada con documentos, escrituras, el pago de la venta y los propios impuestos, por lo que están tratando de sostener la acusación".
EL UNIVERSAL solicitó una posición a la Fiscalía General de la República sobre este documento; sin embargo, no emitió algún comentario.
