Siguiendo la huella: el pasado 18 de octubre, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado presentó un proyecto de dictamen para expedir la Ley General de Aguas. El senador de Morena, Raúl Paz Alonzo, su presidente, solicitó a integrantes de ese órgano legislativo revisar el documento "para enriquecer la propuesta".
Por tal motivo, a partir de ese día, está a disposición de senadores y senadoras "para revisar, proponer y hacer los ajustes necesarios" a la propuesta que sustituiría a la vigente Ley de Aguas Nacionales, expedida en 1992.
Paz Alonzo detalló que el proyecto de dictamen contiene las opiniones de los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, además de la de académicos, investigadores y diversas dependencias, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a quienes se convocó para compartir sus observaciones sobre el nuevo ordenamiento.
No obstante, solicitó a las senadoras y a los senadores de la Comisión de Recursos Hidráulicos "analizar el proyecto de dictamen y, en el caso de que existan aportaciones u observaciones, las hagan llegar por escrito a la Secretaría Técnica para enriquecer el documento junto con las aportaciones de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda".
El senador de Acción Nacional, Juan Antonio Martín del Campo, dijo que la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural emitió recientemente una opinión respecto a las iniciativas que se tomaron en cuenta para formular la Ley General de Aguas, "en la cual señalaron distintas inconsistencias".
Por tanto, propuso convocar a un Parlamento Abierto para subsanar las "posibles lagunas" de la norma, "en virtud de su importancia"; además, planteó convocar también a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, "para trabajar de manera coordinada y evitar que el nuevo marco jurídico quede "entrampado"".
Su compañera de bancada, senadora Estrella Rojas Loreto, pidió "recibir la opinión de la Conagua", que calificó "de vital importancia", además de "revisar la opinión que haya emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuanto a la asignación de recursos para la aplicación y ejecución de la nueva ley", ya que "si no hay recurso asignado, va a ser letra muerta".
Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, consideró "fundamental que se dé a conocer el proyecto para que los senadores lo enriquezcan con sus aportaciones, en lugar de someterse a votación sin antes conocer el contenido del documento".
Como se recordará, el 8 de febrero de 2012 el artículo 4° de la Carta Magna fue reformado para reconocer el derecho humano al agua, y para exigir una Ley General de Aguas que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación ciudadana y gubernamental.
Este nuevo marco legal reemplazará a la actual Ley de Aguas Nacionales.
Desde esa fecha y ante la omisión posterior y reiterada del Poder Legislativo hasta 2023, cientos de investigadores, organizaciones, pueblos y comunidades trabajaron para construir propuestas, siempre sustentadas en el artículo 4° constitucional, para esta nueva etapa en la historia mexicana.
Y llegaron a 12 consensos que fueron la base de una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas.
Los 12 consensos consistieron en: respetar la naturaleza, respetar las aguas de los pueblos, ejidos y comunidades; coadministrar el agua en el territorio; reconocer el derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos; prohibir agua para minería tóxica y fracking.
Además, acabar con acaparamiento, contaminación e impunidad por grandes usuarios; cerrar puertas a la privatización; democratizar los servicios de agua.
Priorizar el agua para la soberanía alimentaria, garantizar el acceso pleno a la información, asegurar recursos públicos suficientes y erradicar la corrupción y la impunidad.
Cada consenso partió de una caracterización de crisis específica y aportó propuestas para la Ley General de Aguas.
El primer consenso ciudadano, por ejemplo -respetar la naturaleza-, caracterizó la crisis: Deforestación y urbanización de zonas de recarga, sobreexplotación, 108 cuencas y 115 acuíferos sobreconcesionados; 66 % de la población depende de acuífersos sobreexplotados.
Las propuestas ciudadanas iniciales para la Ley General de Aguas en ese primer consenso fueron: Delimitar "áreas de importancia hidroambiental", zonas de recarga, humedales, cenotes y acuíferos cársticos.
Frente a sobreexplotación -en ese mismo punto-, reducir volúmenes de grandes usuarios hasta que se haya restaurado flujos superficiales y subterráneos; consensuar planes para reducir contaminantes hasta lograr metas de calidad en ríos y lagos.
Y finalmente, desprivatizar y restaurar "zonas federales" adquiridas a través de irregularidades, como son los "ríos secos sin nombre" para gasoductos.
Y así los once consensos ciudadanos restantes. ¿En qué situación están?
Hay que darle seguimiento.
@kardenche
