La 4T ha logrado reformas constitucionales difíciles de revertir. El Congreso modificó el artículo 28 para prohibir la condonación y exención de impuestos a las empresas. «Imagínense cuánto dinero se dejaba de recibir en la hacienda pública (...), no pagaban impuestos los potentados», declaró el presidente López Obrador a principios de año. Otra se refiere a la revocación de mandato «para que no llegue y se piense: "Me eligieron por seis años y ahora me aguantan (...)". Aunque tengan 15 o 20 por ciento de aprobación popular, ahí se quedan», dijo.
A diferencia de la mayoría de los países, en México al presidente solo se le podía enjuiciar por traición a la patria. La reforma al artículo 108, aprobada en 2021, permite que ahora también sea imputado y juzgado por «hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos (...) por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano». Frente a esa posibilidad «solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores (...). En este supuesto, (...) resolverá con base en la legislación penal aplicable» (artículo 111). La Constitución se reformó asimismo para convertir la corrupción en delito grave. Los cambios para que las faltas fiscales también bien lo fueran y para que nadie gane más que el presidente (artículo 75) fueron suprimidos por la Suprema Corte de Justicia, donde la remuneración de los ministros triplica a la del ejecutivo federal, acusó AMLO.
El 7 de octubre pasado, tras los fallos favorables a Tomás Zerón (para prohibir a la Secretaría de Gobernación y al entonces subsecretario Alejandro Encinas emitir frases incriminatorias contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal por el caso Ayotzinapa) y Genaro García Luna (para negar en definitiva la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública por enriquecimiento ilícito), el presidente fustigó: «No olviden cómo se llegó a estos extremos en el Poder Judicial, es el fruto podrido de un acuerdo que se tejió desde la época de Salinas cuando surge el PRIAN; hay un gran acuerdo y empiezan las concertaciones, se trataba de mantener el régimen de corrupción, injusticias, privilegios, siempre se ponían de acuerdo».
El eje de la 4T son los Programas para el Bienestar. La reforma al artículo 4°, publicada el 8 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, garantiza apoyo económico a las personas con discapacidad permanente y a quienes vivan en condición de pobreza; pensión a los mayores de 65 años; y becas a los estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública. «(...) venga quien venga, esté quien esté, no va a poder dejar de entregar las pensiones a los adultos mayores». Un artículo transitorio establece que el presupuesto para las pensiones, las becas y el dinero para las personas con discapacidad aumente cada año, celebró el presidente.
En temas de menor calado, pero que política y mediáticamente tuvieron un impacto elevado, se eliminaron las pensiones y el personal de apoyo para los expresidentes. La medida representa para el país un ahorro de 40 millones de pesos anuales. También se prescindió del Estado Mayor Presidencial. La antigua residencia oficial se convirtió en el Complejo Cultural Los Pinos. López Obrador se mudó a Palacio Nacional. Tras años de alharaca y de múltiples trucos para vender el avión presidencial -que «ni Obama» tenía-, el Gobierno de Tayikistán compró el Boeing 787 Dreamliner adquirido por Felipe Calderón para Peña Nieto. AMLO jamás voló en ese palacio con alas.
López Obrador se despidió el 28 de septiembre durante un recorrido por Palacio Nacional, donde Porfirio Díaz residió hasta 1880: «Me voy, cierro mi ciclo, me queda un año, pero siento que ya se sentaron las bases, se avanzó y hay relevo generacional; (…) hemos logrado que haya cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició». Claudia Sheinbaum es la señalada para dar seguimiento a las políticas de la 4T. La candidata del frente PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, ya le dijo a Fox que se olvide de la pensión. Con respecto a los programas sociales advierte que si los toca, será para mejorarlos. Las salvaguardias puestas en el Congreso protegen el legado del caudillo.
