La prisión ha recibido críticas en cuestión de derechos humanos. (AP)
El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el viernes el traslado de los primeros 2,000 pandilleros a la nueva megaprisión, en la que pretende recluir a 40,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción en El Salvador.
“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, indicó Bukele en Twitter junto a un video que mostraba el ingreso de pandilleros a la prisión.
La cárcel, ubicada a 74 kilómetros de la capital en el municipio Tecoluca, departamento de San Vicente, tiene 33 manzanas de construcción dentro de 236 manzanas aisladas de la ciudad. Está compuesta de pabellones de confinamiento con camarotes metálicos y celdas de castigo, salas de audiencias virtuales y dos módulos para fábricas contra el ocio penitenciario.
Dos días antes del traslado, una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 13 supuestos líderes de la mara MS-13, por múltiples crímenes en Nueva York, señaló a las pandillas de haber negociado con miembros del gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para reducir homicidios a cambio de beneficios, así como con su rival la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y con el gobierno actual.
El señalamiento menciona reuniones “organizadas por el gobierno salvadoreño” y funcionarios como el director de centros penales y el director de Tejido Social para obtener beneficios a cambio de la reducción de homicidios y apoyo electoral en las elecciones legislativas de 2021. El gobierno no reaccionó al respecto.
Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022 hasta este viernes, las autoridades han capturado a 64,512 personas señaladas de ser pandilleros, de las cuales fueron después liberadas 3.745 y otras 3,344 han denunciado violaciones a derechos humanos, la mayoría por supuestas detenciones arbitrarias, ante la asociación Cristosal.
La prisión ha recibido críticas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Human Right Watch (HRW) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por supuestas violaciones a los derechos humanos y contradicción de estándares internacionales.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, aseguró a AP que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas Nelson Mandela, sugieren que las prisiones de régimen cerrado no tengan una cantidad tan elevada de reclusos porque esto puede ser “obstáculo para la individualización del tratamiento” de los detenidos.
“Señalan como parámetro que en algunos países se considera que el número de reclusos en dichos establecimientos no debería pasar de 500. Un complejo penitenciario diseñado para albergar 40,000 personas claramente sería incompatible con este estándar internacional”, opinó.
En junio de 2022, el gobierno proyectaba una infraestructura con capacidad de 20,000 privados de libertad.
La construcción de la mega prisión recibió el respaldo de funcionarios de gobierno y diputados. “No descansaremos hasta que el último pandillero esté en la cárcel. Ahora defendemos los derechos humanos de los inocentes”, expresó la diputada del partido oficial Rebeca Santos en Twitter.
“Los pandilleros ahora tienen lo que merecen, una condena que deben pagar en una cárcel de máxima seguridad. Así el ciclo de la política de seguridad continúa con una fase importante que mantendrá las calles con menos delincuentes y mayor seguridad”, dijo el diputado Giovanny Zaldaña.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, luego de que fueran asesinados 62 salvadoreños el 26 de marzo, y su undécima prórroga está vigente hasta el 17 de marzo. Los homicidios bajaron de 1,211 en 2021 a 615 en 2022, según cifras oficiales que registraban una caída gradual año con año desde el año 2016.
