(EL SIGLO DE TORREÓN)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó al Gobierno de Texas con una demanda por la instalación de boyas en el río Bravo al considerar que violan la ley federal y suponen riesgos ambientales y humanitarios para los migrantes en la frontera común con México.
La Administración de Joe Biden notificó al gobernador Greg Abbott, que la barrera flotante instalada en el sector de Eagle Pass, colindante con Piedras Negras, Coahuila, es "ilegal".
En la carta enviada desde Washington D.C., las autoridades federales estadounidenses subrayan que "la barrera flotante representa un riesgo a la navegación, así como a la seguridad pública en el río Grande, y presenta inquietudes humanitarias".
El gobernador republicano publicó un mensaje a través de Twitter donde sostiene que Texas actúa dentro de sus derechos.
"Texas tiene la autoridad soberana de defender nuestra frontera", manifestó Abbott en la red social.
Asimismo, recalcó que la "trágica crisis humanitaria en la frontera fue creada por la desatención de Biden en la frontera"; amagó con llevar al Gobierno federal a la Corte.
La oficina del Gobernador también detalló que el Departamento de Seguridad de Texas y la Guardia Nacional en Texas trabajan en coordinación desde el lanzamiento de la Operación Estrella Solitaria, con el que aseguran más de 394 mil detenciones de migrantes irregulares, así como de 31 mil 300 criminales.
Sostiene además que la Policía texana ha incautado más de 422 millones de dosis de fentanilo durante la misión fronteriza.
Del otro lado de la frontera, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisan la documentación correspondiente a los Tratados de Agua que se mantienen vigentes entre México y los Estados Unidos, con la finalidad de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda realizar demandas tras la colocación de la barrera en el río Bravo y la serpentina de navajas a orillas del afluente.
Lo anterior, fue dado a conocer por Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EUA.
Desde el 26 de junio el Gobierno de México solicitó a EUA que retiraran la barrera acusando efectos de obstrucción y desviación de los escurrimientos hacia territorio mexicano.
La barrera viola el artículo 17 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944 que establece que el uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de aguas de avenida o de otros excedentes será libre.
Además, viola el artículo IV B.1 del Tratado de Límites de 1970, que señala que "tanto en el cauce principal del río como en las tierras adyacentes, hasta una distancia a cada lado del límite internacional que recomiende la Comisión y aprueben los dos Gobiernos, cada Estado contratante deberá prohibir la construcción de obras en su territorio que, a juicio de la Comisión, puedan causar desviación u obstrucción de la corriente normal del río o de sus avenidas".
