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El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) sostuvo este martes que la citación a declarar ante la Fiscalía peruana dentro de una investigación que se le sigue en ese país por supuesto "atentado contra la integridad nacional" busca estigmatizarlo "políticamente".
"Resulta contradictorio cómo la derecha peruana y sus aliados bolivianos tratan de perseguirnos judicialmente. Nos declaran persona no grata para que no ingresemos a Perú, pero luego nos citan a declarar a Puno (en el sureste peruano). Está probado que lo único que buscan es estigmatizarnos políticamente", escribió Morales en Twitter.
El líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) reaccionó así a una publicación del diario peruano Perú21, de la que se hizo eco la prensa boliviana, en la que se señala que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno lo citó a declarar en marzo pasado por la acusación en su contra por el delito de "atentado contra la integridad nacional".
Como Morales no se presentó, se notificó a su defensa que la declaración fue reprogramada para el próximo 10 de mayo "a través del aplicativo Google Meet". según la misma fuente.
En una alusión al Gobierno de Luis Arce, el exmandatario boliviano también lamentó que "primero acompañaron con un silencio cómplice la declaración como 'persona no grata' en Perú".
"Luego el Ministro de Justicia (Iván Lima) garantizó a golpistas nuestra defenestración con un juicio internacional. Denunciamos una nueva arremetida de la derecha interna contra nuestra integridad", escribió Morales.
También reiteró sus denuncias de que "las citaciones y amenazas de extradición promovidas por la derecha peruana y boliviana son parte" de una supuesta "persecución" para que no denuncie "la masacre de nuestros hermanos indígenas de Perú" durante los conflictos posteriores al fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo.
"Nos preocuparía que un Gobierno ilegítimo que causó tantas muertes hable bien de nosotros", añadió Morales, refiriéndose al Gobierno de Dina Boluarte.
El expresidente boliviano mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en regiones del sur del país, durante el Gobierno de Pedro Castillo con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.
También ha estado muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un autogolpe de Estado, el pasado 7 de diciembre.
El pasado 9 de enero, el Gobierno de Perú le prohibió el ingreso al país junto a otros ocho ciudadanos bolivianos, a los que acusa de haber efectuado "actividades de índole política proselitistas" que afectaron la "seguridad nacional".
El mismo mes, el Congreso peruano le declaró persona non grata "por sus constantes incitaciones en la política nacional" que, a juicio del Parlamento, buscan "desequilibrar el orden interno del país".
