Exigen al gobierno federal investigar los hechos, identificando a funcionarios públicos responsables del fallecimiento de los migrantes. (AGENCIAS)
Organismos, instituciones, religiosas, migrantes desplazados así como centros de derechos humanos de México, Latinoamérica y de otras partes del mundo, fijaron su posicionamiento tras lo sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde perdieron la vida 38 migrantes en un incendio registrado en una estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración, en el que señalan que lo sucedido es el reflejo de una ausencia de protocolos y de una política de estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo.
Además, plantearon una serie de exigencias a las diferentes autoridades, tanto federales como locales, así como a los legisladores del Congreso de la Unión.
"Al momento, desconocemos el total de personas que se encontraban dentro de la estación; sin embargo, sabemos que estaba eso con sobrecapacidad", se lee en el extenso documento.
En él también señalaron que "las autoridades continúan utilizando términos como 'alojamiento' o 'albergue' para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las 'estancias' migratorias, respectivamente, el INM categoriza los espacios con diferente nombre pero la finalidad de todos es la misma, privar de la libertad a personas en situación de movilidad… Declaramos que las acciones de control migratorio y de privación de libertad violentan la dignidad y los derechos de las personas, y en conformidad con lo que dice el Comité de las Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios, la detención debe ser utilizada únicamente como último recurso".
EXIGENCIAS
Al Gobierno Federal, exigen: 1. Garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas; 2. Adelantar el proceso de identificación y entrega digna de restos a las familias de las personas fallecidas bajo los más altos estándares de derechos humanos, conforme a lo establecido en la Ley y protocolos pertinentes; 3. Asumir los costos de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas; 4. Investigar los hechos ocurridos, identificando a las personas funcionarias públicas responsables del fallecimiento de las personas migrantes, garantizando que no quede en impunidad, así como la destitución e inhabilitación inmediata del Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
Al INM le exigen: Responsabilizarse y explicar lo sucedido en conjunto con las autoridades involucradas; Que notifique a los consulados sobre las personas que se encuentran hospitalizadas o fallecidas, ya que aún hay personas en calidad de "desconocidas"; Garantías eficaces y oportunas de no repetición; y facilitar y respetar el ingreso a organizaciones de sociedad civil para labores de monitoreo y documentación, independiente de la situación de las personas detenidas.
Mientras que al Congreso de la Unión, particularmente a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados: 1. Legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando hacia su eliminación. 2. Eliminar el uso de eufemismos como "presentación" y "alojamiento" de la Ley de Migración, lo cual invisibiliza la práctica de detención migratoria; 3. Acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia No. 184/2022, que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de tránsito internacional, que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM.
Al Gobierno Municipal de Juárez exigen: Cese inmediato de los operativos de detención y explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad, específicamente el realizado el día 27 de marzo; Renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta; Una disculpa pública del presidente municipal por todos los discursos de odio estigmatización y criminalización realizados a lo largo del año.
"Desde las organizaciones firmantes, expresamos nuestra solidaridad a las familias de las personas fallecidas y heridas. Las mantas metálicas que cubrieron los cuerpos de personas fallecidas, son símbolo de una política migratoria inhumana, a la cual no se le han impuesto fronteras. Dicha política migratoria en México sostiene un sistema de detención arbitraria, sistemática y violatoria de derechos. La política migratoria en México, mata"
