El próximo jueves 11 de mayo vence el Título 42, una polémica medida migratoria que permite, por motivos sanitarios relacionados con la pandemia de COVID-19, la expulsión en caliente de personas que cruzan la frontera.
Con el fin de la medida, autoridades de Estados Unidos prevén nuevas oleadas migratorias y los estados fronterizos están tomando medidas, mientras que el gobierno federal de Joe Biden envía más soldados para ayudar a gestionar las llegadas.
TRUMP NO FUE QUIEN CREÓ EL TÍTULO 42
A decir verdad, se trata de una medida contemplada en la ley estadounidense que autoriza al gobierno a emprender medidas de emergencia en caso de riesgo de transmisión por alguna enfermedad. Trump lo invocó en 2020 al activar la emergencia por el COVID-19, señalando que, para evitar más contagios y muertes por el virus en el país, quienes ingresaran irregularmente a Estados Unidos serían expulsados de inmediato.
Antes de Trump, sólo se había utilizado en 1929, para evitar el ingreso de barcos de China y Filipinas a los puertos estadounidenses, durante un brote de meningitis, recordó NBC News.
El gobierno de Joe Biden decretó el fin de la emergencia por COVID-19 y, con ello, ya no existen razones para mantener el Título 42, aunque jueces han ordenado mantenerlo en distintas ocasiones. Este 11 de mayo, se pone fin a la medida.
Activistas y grupos humanitarios acusaron en su momento a la administración Trump de usar la pandemia como pretexto para expulsar a los migrantes y negarle el derecho al asilo. También critican a la administración Biden por mantener una medida que, alegan, cae en el racismo y discriminación.
La medida se sumó a otras ordenadas en el gobierno de Trump que fueron muy controvertidas al separar a miles de niños de sus padres.
La controversia también recayó sobre el gobierno de México, al aceptar recibir en su territorio a los migrantes expulsados por Estados Unidos, por "razones humanitarias".
Trump presumió haber "obligado" a México a aceptar a los migrantes, so pena de ver impuestos aranceles a los productos mexicanos. También dijo que forzó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a apostar miles de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener el paso de los migrantes con destino a Estados Unidos.
No. Aunque esta medida ya no se aplique, Estados Unidos cuenta con otras para regular la migración a Estados Unidos. La más importante, el Título 8 del Código de estatutos federales de Estados Unidos.
De hecho, el Título 8 es aún más estricto que el Título 42: implica que quienes crucen irregularmente la frontera pueden enfrentar la prohibición de regresar a Estados Unidos durante cinco años si son detectados y, en caso de volver a ingresar ilegalmente, pueden ser sentenciados hasta a dos años de prisión.
Desde el gobierno de Estados Unidos, el mensaje a los migrantes ha sido unánime: "No te arriesgues", señala en sus campañas a través de redes sociales.
"Bajo las leyes migratorias de los Estados Unidos, la mayoría de quienes llegan a la frontera sin autorización no califican para permanecer en los Estados Unidos. Las leyes de asilo no proveen protección a base de violencia general o razones económicas", advierte por ejemplo la embajada de Estados Unidos en México a través de Twitter.
"Nuestra frontera no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo", añade.
El gobierno de Estados Unidos exige a las personas que quieren solicitar asilo sin cruzar la frontera ilegalmente que pidan cita a través de la aplicación CBP One desde sus países de origen. Muchos migrantes lo están haciendo desde México.
Si las solicitudes son aprobadas, se les dará una cita y no es sino hasta esa fecha que deben presentarse en la frontera para poder acudir a la cita.
Sin embargo, migrantes han expresado su frustración ante lo complicado que es lograr que CBP One funcione. Las autoridades estadounidenses dijeron que asignarán más gente y recursos para agilizar el trámite.
Además, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado programas para recibir cantidades limitadas de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, quienes igualmente deben cumplir una serie de requisitos para poder ingresar a Estados Unidos de forma temporal. Entre los requisitos están el tener un patrocinador en Estados Unidos que pueda recibirlos.
La administración Biden está en pláticas para que gobiernos latinoamericanos funcionen como centros de gestión migratoria y desde ahí los migrantes puedan realizar sus solicitudes de asilo para Estados Unidos.
Tanto activistas como el propio gobierno de Joe Biden reconocen que las medidas no son suficientes, que Estados Unidos requiere una reforma migratoria amplia, urgente, para poder atender un sistema migratorio que está "roto" y ya no es funcional. Sin embargo, una reforma migratoria requiere de la aprobación del Congreso y los republicanos se niegan a ello.
No sólo eso. Gobiernos estatales republicanos, como el de Greg Abbott, en Texas, y el de Ron DeSantis, en Florida, están aprobando sus propias leyes para criminalizar la migración, seguir enviando a los migrantes que lleguen a sus estados a otros estados demócratas e incluso convertir en un delito el no informar sobre la presencia de indocumentados en empleos, en hospitales, etcétera, como aprobó DeSantis en Florida.
