Minutos después de la exposición de la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral garantizó el triunfo de Arévalo de León y también los resultados de los comicios. (EFE)
El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala ejecutó este viernes un "intento de golpe de Estado", como lo ha denominado la Organización de Estados Americanos (OEA), en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
En una conferencia comandada por el secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda, sancionado por Estados Unidos bajo cargos de corrupción, la Fiscalía divulgó varios supuestos casos penales en contra de Arévalo de León y también en contra del Tribunal Supremo Electoral.
Derivado de uno de dichos casos, el Ministerio Público argumentó que deben anularse los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio y el balotaje del 20 de agosto, ganadas sorpresivamente por Arévalo de León, que obtuvo el 58 % de los votos escrutados.
La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales quien dijo en una rueda de prensa que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano.
Morales argumentó que existe una irregularidad administrativa, ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral.
"Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados", aseveró Morales, quien añadió que las votaciones "son nulas de pleno derecho".
La abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Reyes Zeceña, advirtió en sus redes sociales que el Ministerio Público "no tiene ninguna autoridad" para declarar como nulas las elecciones.
De igual forma, la Fiscalía también señaló a Arévalo de León de supuestas ilegalidades en la formación de su partido en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero de alrededor de 40.000 dólares.
Arévalo de León, quien advirtió el 1 de septiembre pasado que la fiscal general, Consuelo Porras, lleva a cabo un "golpe de Estado" en su contra para evitar que tome posesión el próximo enero, convocó a una rueda de prensa para este viernes.
Desde el 12 de julio, la cúpula del Ministerio Público guatemalteco, sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, ha intentado revertir el triunfo electoral de Arévalo de León, pese a que la ley no le permite inmiscuirse en los resultados electorales.
Oposición del tribunal electoral
Minutos después de la exposición de la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral garantizó el triunfo de Arévalo de León y también los resultados de los comicios.
La presidenta del tribunal electoral, Blanca Alfaro, indicó en una conferencia de prensa que los resultados están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión.
"Si no toman posesión, reitero, habría rompimiento del orden institucional", dijo Alfaro en referencia a la posibilidad de que se anulen los comicios y Arévalo de León no sea investido el próximo 14 de enero, como está establecido en la ley guatemalteca.
"No hay tiempo absoluto para que podamos de ninguna manera repetir ninguna elección", añadió la presidenta del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco.
Alfaro explicó que el Ministerio Público tiene derecho a realizar "investigaciones", pero que las mismas no implican la anulación de los mismos y además defendió también la transparencia del proceso electoral.
Tras las acusaciones de Fiscalía, la OEA condenó en un comunicado el "intento de golpe de Estado" orquestado por el Ministerio Público en contra de Arévalo de León.
Esta misma semana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estuvo en Guatemala para ser testigo, por segunda ocasión, del proceso de transición electoral, en un acto en compañía de la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y del presidente actual, Alejandro Giammattei.
Arévalo de León debe ser investido el próximo 14 de enero, de acuerdo a la ley guatemalteca, por un período de cuatro años en reemplazo de Giammattei.
