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El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinó este miércoles que todas las armas de fuego que estén en manos de civiles en Brasil sean registradas en el sistema que administra la Policía Federal en un plazo máximo de 60 días.
La decisión, publicada en el Diario Oficial y firmada por el ministro de Justicia, Flávio Dino, busca fortalecer los controles sobre la circulación de armas de fuego y obedece lo estipulado por Lula en un decreto firmado hace un mes, cuando asumió la jefatura de Estado.
El Gobierno pretende concentrar en el Sistema Nacional de Armas (Sinarm) de la Policía Federal todos los registros de armas en poder de civiles, incluidas las que son utilizadas por cazadores, miembros de clubes de tiro y coleccionistas, que actualmente son controladas por el Ejército.
Quienes no registren sus artefactos en el plazo previsto tendrán que responder por los delitos de porte y porte ilegal de armas de fuego y las armas podrán ser incautadas.
El número de armas de fuego en manos de particulares creció un 241 % en Brasil durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública.
En 2019, año en que el líder de la ultraderecha llegó al poder, había 197.390 armas de fuego registradas en manos de particulares, número que para el 30 de junio de 2022 se disparó hasta los 673 mil 818 registros.
Según el informe, de los 4.4 millones de armas de fuego que hay en manos de particulares en el gigante suramericano, casi 2.9 millones cuentan con los registros activos, pero un millón 542 mil 168 artefactos circulan de forma irregular en el país.
