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Grupo Carso planeó iniciar la oferta por las acciones que no posee de su filial comercial Grupo Sanborns desde el pasado 15 de junio

(ESPECIAL)

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GUILLERMO MUÑOZ

La firma comercial Liverpool evalúa la conveniencia de instalar en la Región Lagunera, una unidad de su nueva división de negocios de autos eléctricos, con ello replicará su concepto que ya funciona en otras tiendas.

La cadena de tiendas departamentales Liverpool -nos comentan nuestros analistas, especialistas en estrategia de negocio- incursiona en el mercado automotriz y su apuesta se centrará en la venta de autos eléctricos en tres sucursales de la Ciudad de México, en alianza con la marca china BYD.

El Puerto de Liverpool arrancó formalmente las operaciones de su nueva división automotriz con la inauguración de su primera agencia flagship dealer (showroom y centro de servicio) de BYD, ubicada en el centro comercial Perisur.

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La Compañía Minera Autlán, -con una unidad de negocios en la Comarca Lagunera, concretamente en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango sobre la carretera a Francisco I. Madero, Coahuila- pagó un dividendo en efectivo por 1.30 pesos por acción el 9 de junio de este año.

La empresa dijo que el pago del dividendo fue aprobado por accionistas durante la asamblea general anual ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2023 y provendrá de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta generada al 31 de diciembre de 2013. "Dicho pago se hará por el equivalente a 23 millones 300 mil dólares, considerando un tipo de cambio de 17.4732 pesos, que es el que aparece publicado el día 7 de junio de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la equivalencia en pesos del monto del dividendo es de 407 millones 125 mil 560 pesos", dijo Autlán.

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Grupo Carso, -presente en Laguna con varias firmas de negocio en la región-planeó iniciar la oferta por las acciones que no posee de su filial comercial Grupo Sanborns desde el pasado 15 de junio, como parte del trámite para deslistarla del mercado de valores local.

El conglomerado pretende adquirir -informan nuestros analistas- las 2.2 millones de acciones en manos de inversionistas minoritarios, que representan 0.13 por ciento del capital social de Sanborns, con un precio por título de 26.0 pesos, de acuerdo con el aviso de oferta de la operación. "La finalidad última de la presente oferta es cumplir con los requisitos descritos en el artículo 108 fracción II de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 15 de las Disposiciones, los cuales resultan necesarios para obtener la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la emisora en el Registro Nacional de Valores y, consecuentemente, la cancelación del listado de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores", escribió Carso en la documentación.

La oferta pública está planeada para concluir el 12 de julio de 2023, con opción a prorrogarse. Si la compañía, que también participa en el sector industrial, logra comprar todas las acciones de Sanborns que no le pertenecen, entonces tendría que pagar 75.6 millones de pesos (4.4 millones de dólares al tipo de cambio actual). El precio propuesto por el Grupo es el mismo mediante el cual, en diciembre, logró comprar 13.1 por ciento de las acciones de su filial para llevar su participación al actual 99.9 por ciento.

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La teoría económica -de acuerdo con nuestros analistas- dice que al subir la tasa de referencia, el empleo debe caer por una menor inversión privada, ante el encarecimiento de los costos financieros de los proyectos al aumentar la tasa libre de riesgos, eso no está ocurriendo en esta ocasión, por lo que algo debe explicar el fenómeno actual.

En este momento, las plataformas como Uber y Didi les permiten a las personas crear sus propios empleos sin depender de una empresa, como en el pasado. Por si fuera poco, las barreras a la entrada a este sector son mínimas.

Las personas pueden autoemplearse rápidamente con registrar su auto como choferes o a sí mismas como mensajeros. De acuerdo con las plataformas Didi y Uber, en México hay por lo menos 500,000 personas empleadas, lo que significa el 2.5 por ciento del número de empleados registrados en el IMSS y 1 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) de México.

Las plataformas señalan que el ingreso promedio mensual de sus conductores va de 10,000 a 12,000 pesos mensuales, muy similar al ingreso promedio de la PEA, que de acuerdo con datos del INEGI, señala que el 65 por ciento de las personas con empleo en México tienen un sueldo por debajo de 2 salarios mínimos, es decir 12,800 pesos al mes, y 20 por ciento por debajo del sueldo promedio de quienes cotizan en el IMSS, cuyos ingresos promedio son de 15,000 pesos al mes, con un sueldo diario promedio de 500 pesos.

Tanto Uber como Didi señalan que los conductores de sus plataformas ganan en promedio 30 por ciento más que los choferes que laboran en empresas establecidas tradicionales, por lo que, lejos de ser denigrante, es un empleo que muchos trabajadores del volante desean.

En México la tasa de desempleo es históricamente baja, de apenas 2.7 por ciento al cierre del primer trimestre del año (1T23). Es importante recordar que para el INEGI, una persona está desempleada cuando lleva 6 meses buscando empleo sin conseguirlo y no ha obtenido ingresos por un trabajo remunerado, por lo que al poder inscribirse en una aplicación y recibir dinero por su trabajo, se le debe considerar como una persona empleada.

El facilitar que las personas puedan acceder a un empleo de forma rápida y sencilla cuando se quedan sin su empleo formal, hace una enorme diferencia en el impacto que pueda tener una recesión en la economía en los próximos meses.

El mayor problema de una recesión es que la pérdida del empleo provoca que la persona y su familia reduzcan drásticamente sus niveles de consumo en los meses subsecuentes, lo que, a su vez, tiene enormes consecuencias para terceros, ya que se reduce el consumo de bienes y servicios de todas las cadenas: alimentos procesados, ropa, entretenimiento, cultura, deportes, energía, etc.Además, cae la recaudación, por lo que el gasto público también se contrae, lo que a su vez provoca despidos en todas las cadenas, y así sucesivamente, en una espiral perversa para la economía, hasta que llega a un punto cuando la economía empieza a crecer porque los precios han caído y es buen momento para comprar.

O se hace necesaria la intervención del gobierno, quien, a través de deuda pública, incrementa nuevamente su gasto y la demanda de bienes y servicios, y finalmente se reabren las puertas del empleo.

Pero si en una recesión, además de posibles seguros de desempleo, como los retiros de las Afores -que han aumentado en 10 por ciento en los primeros cinco meses de 2023 en comparación a igual periodo de 2022-, las personas pueden conseguir un empleo, su consumo no caerá tanto como cuando no tenían empleo. En consecuencia, las afectaciones sobre las otras cadenas productivas no serán tan fuertes y la recesión no será tan profunda.

En dicho escenario, entonces será necesario que la tasa de referencia se mantenga alta por más tiempo que en otras ocasiones, ya que el consumo no caerá con la fuerza de episodios similares anteriores y los oferentes de bienes y servicios no percibirán una caída tan fuerte en la demanda, ya que muchas personas tendrán un empleo, lo que afectará más la inversión y los bienes duraderos.

Sin lugar a dudas, la tecnología será de gran ayuda para las familias si el escenario de una recesión se llega a dar, pues permite que sus ingresos no sufran una merma tan fuerte mientras encuentran un nuevo empleo. Eso explica en el momento actual, porque a pesar de la desaceleración, los niveles de empleo en siguen tan altos con poca inversión privada local y extranjera, y el consumo mantiene su fuerza, a pesar de la elevada inflación.

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En México, los productores de maíz blanco exigen que el gobierno cumpla con los precios de garantía establecido en 6,200 pesos la tonelada, ya que la misma tiene un precio en el mercado de 5,200 pesos.

El Gobierno dice que el precio de garantía es sólo para 15 toneladas de maíz, apoyando a los productores pequeños, pero en el Norte del país, en Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Sonora la hectárea tiene un rendimiento de 8 a 12 toneladas, por lo que casi todos los productores rebasan con mucho esa cifra de apoyo.

Por si fuera poco, los productores de trigo y sorgo también quieren precios de garantía, en aproximadamente 1,000 pesos por tonelada. En México, en 2022, de acuerdo con las cifras disponibles, la producción agrícola, pecuaria y pesquera llegó a 297.6 millones de toneladas, cifra que representa un incremento de 1 por ciento respecto al 2022.

En términos de valor, equivalió a 1.4 billones de pesos, lo que significa un crecimiento de 7.2 por ciento con referencia a 2021 por el alza de precios. Para el año agrícola 2023 se espera que la producción agrícola, pecuaria y pesquera alcance un total de 301.3 millones de toneladas, lo que posibilitaría un alza de 1.2 por ciento con relación al 2022.

El subsector agrícola en 2022, aportó 91 por ciento del volumen total generado y 55.3 por ciento del valor total; por su parte, el subsector pecuario contribuyó con 8.3 por ciento del volumen y 41.0 por ciento del valor, mientras que el subsector pesquero proporcionó 0.7 por ciento de la producción, así como 3.7 por ciento del valor. Las regiones de Centro-Occidente y Sur-Sureste son las que aportaron los mayores volúmenes con 88.9 y 80.4 millones de toneladas, respectivamente.

La superficie cosechada durante el año agrícola 2022 se cuantificó en 20, 228,000 hectáreas, a través de las que se obtuvo un volumen de 271 millones de toneladas de productos agrícolas, lo que representó un alza de 0.9 por ciento respecto de 2021.

Para 2023 se espera una producción de 40 millones de toneladas de granos, por lo que la mejor solución al problema del campo es que el gobierno apoye a todos los productores con 1,000 pesos por tonelada, lo que significará un desembolso de 40,000 mdp. Esto, a su vez, significa 0.5 por ciento del gasto total del presupuesto 2023. Es una cantidad importante, pero en el total del gasto no representa tanto. 

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