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Autoridades estatales de Durango han ignorado las gestiones de los empresarios para retrasar la aplicación de los llamados Impuestos Ecológicos y revisar los montos que se establecieron, ya que cancelaron una reunión que se tenía programada con ese fin.
Industriales del ramo minero siguen a la espera de que se les escuche, y mantienen la preocupación por la entrada en vigor de dichos impuestos a partir de este año, los que según señalaron, dejará en condiciones inoperantes a sus empresas por las elevadas cantidades que consideran.
Tras un primer contacto con autoridades, a través de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Gómez Palacio, surgió el compromiso de sostener un encuentro con los titulares de las Secretarías de Finanzas, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobierno.
Sin embargo, dicha reunión se canceló y hasta el momento no se ha dado una nueva fecha, mientras el tiempo corre y los industriales temen que les empiecen a llegar requerimientos de pago.
Como se informó anteriormente, a partir de 2023 entró en vigor el cobro de Impuestos Ecológicos a empresas que desarrollan actividades de extracción de materiales de construcción, emisiones al medio ambiente y las descargas de aguas residuales, por lo que en este último caso involucra también a los organismos operadores de los servicios de agua y drenaje de los municipios, que no se han pronunciado al respecto.
El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado en diciembre de 2022, establece el cobro de Impuestos Ecológicos para actividades de extracción de materiales como piedras de construcción, de adorno de mármol, granito, ónix y travertinos a razón de 428.18 pesos por cada metro cúbico y 19.24 pesos por el mismo volumen de arena, grava, cantera y agregados pétreos. Para la extracción de cada metro cúbico de arcillas, limos y materiales en greña se fijaron 15.40 pesos, gravámenes que repercutirán en aumento de costos directos a los consumidores de todos estos productos, generalmente empleados en la construcción.
En el caso de las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera se pretende cobrar 179 pesos por tonelada, pero sin establecer ningún parámetro de medición.
Para las descargas de aguas residuales, el decreto establece una cuota impositiva por el equivalente a 100 pesos por cada metro cúbico que exceda los límites máximos permisibles de sustancias contaminantes básicas, como grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno 5 y nitrógeno y fósforo total, como por metales pesados como arsénico, cadmio, cobre, cianuro, entre otros.
Sanciona también la emisión de contaminantes al suelo y subsuelo, con el equivalente a 25 pesos por cada 100 metros cuadrados afectados con sustancias contaminantes (hidrocarburos y metales pesados) que superen los máximos permisibles.
