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Triunfo de Manolo Jiménez a gubernatura fue impugnada ante Tribunal Electoral Estatal, luego que se dieran a conocer supuestas irregularidades, cometidas durante la elección del pasado 04 de junio.
El Partido del Trabajo (PT) oficializó la impugnación, a la determinación que realizó el Consejo General del Instituto Estatal de Coahuila, que aprobó el cómputo estatal de la elección, y expidió la constancia de mayoría a Manolo Jiménez Salinas el pasado 11 de junio.
En el documento presentado ante el Tribunal Estatal Electoral, se hace mención de algunos actos detectados durante el proceso, que permitieron el triunfo del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Dentro de las inconsistencias que fueron presentados como pruebas, se encuentran la omisión por parte del Instituto, en cuanto garantizar la celebración libre y auténtica de la elección en la que se renovó al titular del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Se detalla que adoleció precisamente de la “libertad de decisión y elección del ciudadano Coahuilense”, puesto que mediante la compra de votos, fue coaccionado de diversas formas, para votar por el candidato de la multicitada alianza, ahora ganadora.
Asimismo indicaron que hubo violación a los principios de certeza, porque permeó una incredulidad ante el desarrollo del proceso electoral, cuyos actos en su conjunto, adoptan la característica de dubitable y consecuentemente combatible, es decir, pone en incertidumbre la autenticidad del sufragio.
Los principios de imparcialidad fue otro de las inconformidades surgidas, debido a la no intervención para sancionar a servidores públicos que mostraron su preferencia abiertamente, por los candidatos al Gobierno del Estado de los Partidos políticos PRI y Morena, los cual conduce válidamente a la conclusión de que existía consentimiento y anuencia del órgano electoral para que dichos funcionarios posicionaran la imagen personalizada del candidato Manolo Jiménez Salinas y Armando Guadiana.
“Se trasgredió el principio de legalidad, al interpretar de manera sesgada, el marco normativo en materia electoral, obviando que el poder publico y sus representantes, solo pueden hacer lo que la Ley les autoriza y deben hacer lo que la Ley les ordena.
“Así mismo la actitud pasiva y permisible que la autoridad electoral observó antes y durante la jornada electoral, al incumplir con la obligación de actuar bajo los mandatos constitucionales en el que lo facultan para ser el máximo ente encargado de organizar las elecciones, puesto que ante violaciones graves cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado de Coahuila en contra de ciudadanos en general y en contra de representantes de nuestro partido, nunca implementó un mecanismo de protección a los principios rectores del proceso electoral; por el contrario, permitió la violación a los principios Constitucionales”, manifestaron.
Detallaron que además de estas acciones, se privó la libertad a los representantes de casillas, y mermó en el trabajo realizado.
Ante esta situación, el Partido del Trabajo presentó la impugnación correspondiente, en espera de que se pueda echar para abajo la elección, o en su caso se realicen las sanciones como marca la ley.
