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La Fiscalía General de la República investiga a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente y director de Grupo Orlegi (dueño de Santos y Atlas), por una supuesta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos.
Autoridades hacendarias confirmaron que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó la querella contra el empresario porque presumiblemente, mediante engaños, omitió pagar el impuesto sobre la renta (ISR) de salarios a jugadores del Club Santos Laguna, de enero a julio de 2017.
Hoy la defraudación fiscal no implica cárcel automáticamente.
Desde el pasado 5 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó al equipo de futbol las observaciones de la revisión que practicó a su contabilidad y en la que detectó la supuesta omisión de impuestos.
La PFF llevó a cabo desde el año pasado una investigación sobre un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos que el club de futbol hizo a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico.
Entre ellos se encuentran los pagos a directivos como José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, y los jugadores Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco y Julio César Furch.
Según la autoridad hacendaria, los directivos maquinaron una estrategia para no retener ni pagar el ISR de esos depósitos, registrándolos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales legalmente están exentas de dicho impuesto.
Además usaron un "contrato colectivo" con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana para realizar los pagos.
El Club Santos Laguna defendió ante Hacienda su postura de no haber pagado más de 17 millones de pesos por concepto de ISR a salarios, con el argumento de que la ley no obliga a cubrir esa contribución en pagos de primas indemnizatorias.
La FGR aún deberá determinar el tipo de delito. La defraudación se castiga con una pena en prisión de tres años a nueve años, y si el monto de lo defraudado se paga de manera inmediata, el castigo podría reducirse a la mitad.
Sin embargo el delito ya no amerita prisión preventiva forzosa por la sentencia de la Corte que anuló la reforma de AMLO contra la venta de facturas falsas, contrabando y defraudación fiscal.
