El Coneval estableció que, si bien existen áreas con oportunidad de mejora, se identificó una importante disponibilidad de infraestructura médica en la materia. (EL SIGLO DE DURANGO)
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó el Estudio del Derecho a la Salud 2023: un análisis cualitativo, con el objetivo de identificar posibles brechas en el acceso efectivo a este derecho a partir de la implementación de las reformas en el sector y enfocado en la población sin seguridad social.
En el estudio se identifican algunos factores que habilitan la garantía del derecho a la salud en las entidades federativas y destaca la amplia infraestructura de atención médica de primer nivel, la cual permite que la población sin seguridad social atienda sus necesidades de consultas ambulatorias.
Asimismo, el Coneval estableció que, si bien existen áreas con oportunidad de mejora -asociadas a disminuir los tiempos de espera para recibir consulta, la implementación de tecnologías para la asignación de citas y los hallazgos identificados sobre el mantenimiento y limpieza de las unidades médicas- se identificó una importante disponibilidad de infraestructura médica en la materia.
Además, aunque los consultorios adyacentes a farmacias acercan los servicios de salud a la población, por su amplia presencia (principalmente en zonas urbanas) y disponibilidad de infraestructura para la atención de primer nivel, implican un gasto para las personas y no hay certeza de su calidad, además, podrían ser un indicador de la falta de acceso a servicios y medicinas del sistema público. No obstante, dada su prevalencia, es necesario crear un régimen que supervise y controle la expansión de este subsistema privado, particularmente por su rápido crecimiento en el sector, y su amplia accesibilidad geográfica y burocrática -pues tampoco requieren de afiliación médica-. Este régimen fortalecería los esfuerzos por garantizar los requerimientos mínimos de calidad en la provisión de salud y eliminar los incentivos negativos para sobremedicar a los pacientes.
Adicionalmente, se consideró relevante fortalecer los mecanismos de capacitación que existen en los estados para que el personal médico de primer nivel de atención cuente con los protocolos, mecanismos y herramientas para atender y canalizar a personas en riesgo a otros niveles de atención.
