Tal parece que los mexicanos, en particular quienes habitamos en parte norte del territorio nacional, estamos ante un fenómeno ineludible similar al que enfrentamos todos los habitantes del planeta frente el cambio climático, nos referimos al nearshoring, entendido como la relocalización que proyectan empresas involucradas en las cadenas de suministro, o incluso de sus sedes, del lugar en que se encuentran a otros sitios cercanos a los mercados donde destinan los bienes que generan. En el caso de México, se visualiza que empresas de otros países pretenden relocalizarse cerca de los Estados Unidos, el mercado más importante a ese nivel.
Reubicar sus filiales en México representa para ellos una oportunidad ante el conflicto comercial y geopolítico entre Estados Unidos y China, integrarse al mercado de Norteamérica que incluye a Canadá. Para nuestro país implica recibir un posible diferencial significativo de Inversión Extranjera Directa (IED) que favorece su crecimiento económico, y para regiones como la Comarca Lagunera, a pesar de no ser parte de la franja fronteriza tiene una ubicación geográfica que permite una conexión logística ventajosa con respecto a otras zonas del septentrión nacional, condición que hace suponer será uno de los destinos de esa IED.
Al respecto, una pregunta que nos hacemos es ¿está la Comarca Lagunera preparada para ser sede atractiva al nearshoring? ¿qué impacto tendrá este fenómeno en la economía, la población y el ambiente? Indudablemente este fenómeno presenta a la región un listado de retos y oportunidades, en el primer caso por las deficiencias o insuficiencias que tenemos en diversos aspectos, mientras que, en el segundo, por lo que significa potencialmente para la economía regional atraer esa IED.
Si las empresas que pretendan relocalizarse voltean a esta región y destinan sus inversiones en ella provocarán un impacto de estimular el crecimiento económico como zona manufacturera que aumentará la oferta de empleo y presionará a los precarios salarios, sobre todo en las empresas de este y otros sectores que pagan actualmente a los trabajadores laguneros, inevitablemente, algunas empresas locales serán beneficiadas y, quizás otras, se verán afectadas.
Dichas empresas extranjeras harán algunas consideraciones importantes para determinar si se ubican en espacios urbanos o rurales de la misma. Un reto para el gobierno federal y los gobiernos locales será regular la desordenada expansión que han presentado los espacios urbanos, particularmente la zona metropolitana, ordenar el uso del suelo ya no podrá verse a nivel municipal, sino metropolitano o regional, en el supuesto de que también se ubiquen en las ciudades periféricas o en espacios rurales, complementado con la creación de infraestructura de vivienda y de movilidad donde residan los empleados que contraten y las facilidades en su traslado a los centros de trabajo: he ahí un reto que no solo considera los espacios habitacionales, sino también la obligada complementación y, en cierta forma, reducción de la movilidad motorizada basada en el automóvil (que junto con el transporte público y comercial son la fuente más importante de emisiones de gases de efecto invernadero) por un sistema de transporte colectivo y de movilidad no motorizada, asunto ante el cual los actuales gobiernos locales no han tenido visión estratégica en la planeación urbana, o simplemente la han desatendido.
Otro reto será la prestación de servicios públicos. La expansión urbana desordenada que apenas se pretende regular con una planeación metropolitana a paso de tortuga para no afectar los actuales beneficiarios de la renta urbana, implica ampliar y mejorar los servicios de abasto de agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales, recolección de basura, alumbrado público, transporte colectivo, etc.
Si se revisa cada uno de estos se observarán deficiencias o insuficiencias: el primer caso es grave, se carece de un sistema de gestión integrada del agua urbana, donde el suministro de este recurso dependerá de la extracción de agua del subsuelo de un acuífero sobreexplotado y contaminado o, de agua superficial potabilizada extraída de una fuente vulnerable (solo hay que tener como espejo Monterrey para entender esto), aunado al costo que implica renovar aquellas parte obsoletas de las redes de agua para el suministro a las viviendas y la gama de pequeños y medianos negocios que dependen de ellas; de las redes de drenaje que captan las aguas servidas domésticas o la carencia de redes de drenaje industriales, con sus respectivos sistemas de tratamiento, a la fecha insuficientes y que requieren un modelo más adecuado que las grandes plantas que se concebían en el siglo pasado, por pequeñas y medianas plantas ubicadas estratégicamente en la zona metropolitana que permitan el reúso de las aguas tratadas por la industria o en los espacios verdes urbanos.
Claro que estos aspectos, que solo son una parte de lo que implica ordenar los espacios urbanos (a los cuales habrá de agregarse otros problemas como la contaminación del aire y de otro tipo) y sin mencionar los rurales (donde hay una excesiva concentración del hato ganadero en explotaciones intensivas que no solo acaparan el agua para la siembra de forrajes, sino generan otros tipos de contaminación por nitratos o metano, o la escasa atención a los espacios naturales protegidos), deben atenderse con o sin nearshoring.
Finalmente, si la Comarca Lagunera es receptora importante de IED, algunos rezagos van a brotar como problemas con efectos multiplicativos, quizás la lógica económica se imponga centrando la atención de políticas públicas en atender aquellos que faciliten la relocalización de empresas extranjeras en el suelo lagunero y presionarán para que aquellas actividades menos rentables o que mayor presión ejercen en los recursos naturales se vean restringidas o sean desplazadas. Bueno, solo son hipótesis formuladas de ocurrir ante la posibilidad de que esta región sea destino de la IED que traería el nearshoring, de ser así, ojalá los gobernantes y los ciudadanos que habitamos la Comarca Lagunera consideremos atender dichos rezagos y cambiemos las prioridades de la inversión pública y seamos más conscientes de las actividades económicas y domésticas que realizamos.