Ayer los medios de comunicación divulgaron una nota sobre los destrozos que provocaron el fin de semana personas que visitaron el Cañón de Fernández, destacan los impactos de los vehículos todo terreno, los llamados racers. Esta situación, que no es nueva sino reiterativa, ha sido denunciada una y otra vez sin que se tomen las medidas pertinentes para controlar el acceso de este tipo de vehículos, acciones también continuamente señaladas por ProdeNazas, integrada por un grupo de ciudadanos que desde hace dos décadas se ha propuesto cuidar la parte viva del río Nazas y recuperar el cauce desecado, el llamado lecho seco.
De lo anterior podríamos señalar dos cuestiones a considerar. Por un lado, la importancia marginal que otorga el gobierno del estado de Durango a la protección y cuidado del Parque Estatal Cañón de Fernández, entidad oficial que ejerce su administración, particularmente en lo que respecta a la vigilancia, misma que realiza de manera intermitente, cuando debe ser permanente.
Esta área natural protegida presenta varias amenazas sobre el patrimonio natural que alberga. Una de ellas es el cambio de uso de suelo que han realizado aquellas personas que tienen concesiones de la franja federal ribereña y los dueños de algunos predios aledaños a esta, quienes han desmontado la vegetación nativa para sustituirla por cultivos o para construir las edificaciones que utilizan con fines de recreación, incluso invadiendo la propia franja federal y bloqueando los accesos a la orilla del río, situación que corresponde a la Comisión Nacional del Agua regular, ya que es factible que una gran parte de esos concesionarios violen los términos legales en que les fue otorgada la concesión.
Otra amenaza son los visitantes, sobre todo los que provienen de los espacios urbanos. El Cañón de Fernández es un sitio que por sus condiciones naturales (es la parte viva del río Nazas) es preferido por la población urbana para el esparcimiento, particularmente durante la primavera y el verano, ocurriendo que, en fechas como este período vacacional, prácticamente es invadido. Más allá de la vigilancia que realiza el gobierno municipal de Lerdo que deben verse como un complemento a la responsabilidad del gobierno estatal, la intervención que este efectúa sigue siendo intermitente, además de que continúa difiriendo la creación de infraestructura como las casetas de vigilancia y la asignación de personal que desarrolla actividades de conservación y vigilancia.
Entre los visitantes de este espacio protegido destacan los grupos de personas que lo utilizan para desplazarse con vehículos todo terreno, particularmente sobre el cauce del río una vez que se cierran las cortinas de la presa Francisco Zarco. El impacto que provocan es destructivo, es una actividad que el programa de manejo del parque estatal prohíbe, pero mientras no se apliquen las medidas permanentes necesarias que impidan su circulación, los dueños de los racers continuarán dañando la flora y fauna del lugar.
Un caso similar se pretendía realizar en la reserva ecológica municipal de Jimulco, donde grupos de este tipo estaban convocando a un evento que denominaron Jimulcazo. Afortunadamente, tanto el Consejo Ciudadano para el Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente de Coahuila (COCEEPA) y Fundación Jimulco, lo denuncian ante el gobierno del municipio de Torreón, señalando que este tipo de actividades están prohibidas de acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial que rige los usos del suelo en esta municipalidad (POET), el Reglamento y el Programa de Manejo del área natural protegida, denuncia que tuvo como respuesta prevenir a los organizadores de ser acreedores de sanciones si lo efectuaban. La autoridad asume el papel que le corresponde de regular acciones que dañen el ambiente.
La protección y cuidado del patrimonio natural que albergan sitios como el Cañón de Fernández, requieren una intervención más decidida del gobierno del estado de Durango y la Comisión Nacional del Agua, de la asignación de presupuesto para crear infraestructura de protección (señalización, vigilancia), conservación (restauración, educación, monitoreo) y de regulación en el uso de los terrenos concesionados. Bajo las condiciones actuales tal parece que se le percibe como un área natural protegida solo en el papel, su declaratoria no va acompañada de acciones que contengan y reviertan las amenazas descritas y otras que ponen en riesgo el patrimonio natural que albergan.
El Cañón de Fernández es un sitio privilegiado para el esparcimiento, sobre todo de quienes vivimos en la Comarca Lagunera, es reconocido como un humedal de importancia internacional (Sitio Ramsar), y corresponde no solo al gobierno protegerlo y conservarlo, también a los ciudadanos, por ello cuando lo visitemos asumamos una actitud responsable de no extraer plantas y animales que ahí habitan, de no tirar basura o de realizar cualquier actividad destructiva como la de los raicers. Estamos obligados a denunciarlas para que las siguientes generaciones también las disfruten.
