A como están las cosas en la oposición aliancista -que por lo menos hasta ahora no levanta mayor emoción ni entusiasmo entre la ciudadanía, ni ofrece algo para vislumbrar que pueda hacerlo de aquí a las elecciones del 2 de junio del año que entra-, no parece descabellado afirmar que mañana 19 de junio de 2023 empieza la verdadera disputa por la presidencia.
Durará ochenta días, período en el que se definirá quién entre tres aspirantes de Morena será la próxima o el próximo Presidente de la República.
Y más aún: esto ocurrirá sin que legalmente haya iniciado siquiera el proceso electoral presidencial de 2024, pero con un formato tal producto sin duda de la habilidad política de AMLO- que encubre un proceso que, para todo fin práctico, incurrirá en actos anticipados de campaña, prohibidos por la legislación electoral, sin que vaya a ser fácil denunciarlos y sancionarlos como tales.
Quiérase o no estamos con la 4T frente a nuevas formas político-electorales en relación con los anteriores gobiernos, sobre todo con los del PRI.
Ya no hubo tapado: los tres o cuatro aspirantes morenistas con posibilidades reales de alzase con la candidatura presidencial eran mencionados prácticamente desde el inicio del actual gobierno y el propio López Obrador les quitó la máscara en julio de 2021, después de las elecciones federales intermedias en que la oposición le arrebató la mayoría calificada del Congreso y una buena parte de su santuario, la Ciudad de México.
El dedazo tampoco lo hemos visto hasta ahora, al menos en las formas de antaño, pues la inevitable e innegable preferencia presidencial por un sucesor(a) deberá pasar por el tamiz de una batería de encuestas a las que, si la intención fuera imponerlo(a), obligaría a manipularlas -con todo el riesgo que eso implica- para favorecer al elegido por el mandamás.
Así las cosas, Morena ha dado curso durante los últimos días a su proceso interno de selección del candidato presidencial conforme a reglas dictadas por AMLO, alguna de ellas (la de las renuncias a cargos en el gobierno que se concretaron esta semana) exigida por Ebrard, apoyada por Monreal y mal vista por Sheinbaum y Adán Augusto.
Pero esa regla no fue la única para intentar garantizar el llamado "piso parejo", sino solamente parte de la narrativa de que en los próximos 80 días se va a conocer la propuesta para que se elija a un coordinador de la defensa de la 4T, no a un candidato, con el objetivo de salvar las acusaciones de actos anticipados de campaña que se dejarán venir desde la oposición.
Porque de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) los candidatos presidenciales de cada partido deberán estar designados a más tardar el 31 de octubre próximo y el proceso electoral ordinario iniciará el 15 de noviembre, las precampañas tendrán lugar de mediados de diciembre hasta finales de febrero próximos y las campañas de marzo a mayo del año entrante.
Así que las corcholatas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, además de Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña iniciarán mañana sus recorridos por el país, mientras que la oposición aliancista definirá apenas hasta el próximo lunes 26 de junio el método de selección de su candidato. Todo apunta al filtro de las firmas (no el millón que sugería el panista Marko Cortés, pero al menos 500 mil, y luego la elección primaria).
