Luego de un proceso de expansión y aprecio social, las democracias en el mundo, incluida la mexicana, están hoy en riesgo. La mayoría se encuentran en franco retroceso. Los valores democráticos en todo el orbe están siendo cuestionados y vulnerados. En el malestar por la globalización, los riesgos se están convirtiendo en amenazas. Las democracias se tornan frágiles ante la creciente aceptación del ejercicio autoritario del poder. Desde 2006 persiste una recesión democrática, tanto en los países desarrollados como en las economías emergentes y los países pobres. Sobran ejemplos: el asalto de Trump al Capitolio, la intentona golpista de Bolsonaro, la deriva autoritaria en Turquía, la nefasta reforma judicial en Israel, el reciente atraco en Tailandia por los resultados electorales inesperados. ¿Cómo no preocuparnos por lo que está sucediendo en México, en Guatemala?
Las transiciones democráticas, aun las que fructificaron, no han estado exentas de fracasos y retrocesos. Hay un marcado declive en la defensa de las libertades fundamentales. La falta de respeto a las garantías individuales se ha extendido a nivel global. La regresión democrática se ha incrementado conforme gobernantes, procedentes de formaciones políticas partidistas o movimientos emergentes han buscado establecer clientelas antes que partidarios o simpatizantes, avanzando políticas públicas, iniciativas y nuevas formas de gobierno "eficaz", en beneficio del "pueblo". Todo ello para asegurar que prevalezcan determinados proyectos, se fortalezcan ciertos liderazgos frente a una gobernabilidad local, nacional e internacional cada vez más problemática.
Los fundamentos, las condiciones de existencia y de funcionamiento de las instituciones públicas, de las instituciones políticas y las autoridades electorales, de las organizaciones de la sociedad civil se han ido socavando gradualmente, con propósitos deliberados. Las fuerzas de oposición coartadas o cooptadas, los medios de comunicación independientes y críticos, suprimidos o silenciados, los factores de la producción y del desarrollo económico, relegados, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas marginados o paralizados. Todo ello, hasta acabar con los sistemas de pesos y contrapesos, terminar con la división de poderes y hacer prescindible o inoperante la imposición del estado de derecho, sin dejar de exacerbar los fracasos en la seguridad pública. Al hacerse patentes las diversas formas de inequidad y exclusión social se debilita y desalienta la competencia política y la pluralidad, consiguiéndose una mayor concentración del poder.
En Latinoamérica, en México, se advierte un profundo descontento social con los resultados de la democracia electoral. Ese descontento inclina a las mayorías a elegir gobiernos encabezados por figuras públicas o dirigentes incompetentes, con cariz democrático, que triunfan en las urnas por mediáticos, ambiciosos y autoritarios; a aceptar un notorio retroceso en las responsabilidades de la administración pública, sin importar que ello implique renunciar a logros y avances de la lucha política ciudadana conquistados en las calles después de años de lucha. Para más de la mitad de la población es aceptable -incluso preferible- un gobierno con una amplia aceptación popular para enfrentar las persistentes injusticias, la inseguridad, los bajos ingresos, la precariedad y la pobreza.
Para intentar explicar lo anterior, necesitamos destacar las fallas y debilidades de la democracia liberal capitalista. En las últimas cinco décadas, las necesidades de la gobernabilidad tendieron a relegar a los pobres y a los trabajadores. Desde los años 80, la mayoría de los regímenes democráticos abrazaron con entusiasmo la globalización, la privatización de las empresas públicas, la desregularización y adoptaron con mayor o menor acierto políticas neoliberales que favorecieron los intereses del capital por encima de los del trabajo. Si hoy las democracias están en crisis, es, en buena medida, porque colapsó las promesas de una prosperidad compartida. El crecimiento económico terminó por beneficiar a unos cuantos y a hacer abismal la diferencia entre ricos y pobres, entre unos cuantos hombres y mujeres privilegiados, y muchísimos hombres y mujeres marginados.
Para que una democracia funcione los ciudadanos deben asumir y hacer suyas las responsabilidades de las instituciones. Se requiere que prevalezcan los derechos, pero también las obligaciones. Gran parte del desencanto con la democracia proviene también de la falsa ilusión de la meritocracia. No debe sorprendernos que aquellos que fueron dejados atrás, hoy cuestionen o rechacen las instituciones democráticas. La confianza de los ciudadanos en la honradez, capacidad y sentido de justicia de los gobiernos y de los gobernantes se ha erosionado, con sobrada razón, en forma grave. Cuando millones de personas, siendo compatriotas, deciden no movilizarse para participar en un proyecto de nación, cuando desconfían de que los gobiernos y los gobernantes electos perseguirán en los hechos el bien común y cumplirán con sus obligaciones en favor del interés y el bienestar de todos, las diferencias afloran y sobrevienen visiones en polos opuestos.
Las instituciones democráticas predominan y prosperan cuando las instituciones del Estado y la sociedad civil organizada son igualmente fuertes. No depende sólo de disposiciones legales y reformas constitucionales, sino de que las instituciones de interés público no se desentiendan de las necesidades de las personas, que los ciudadanos se involucren y participen activa y organizadamente en los procesos políticos, para que sus voces, necesidades y demandas sean escuchadas. La pérdida de la confianza, el desencanto con las decisiones impuestas desde arriba, la imposición de proyectos, los engaños, las simulaciones, son el caldo de cultivo de la recaída autoritaria, sea la de un populismo de derecha que busca (con)vencer o de un populismo de izquierda que se publicita como alternativa. Los nacionalismos son la consecuencia, no la causa de la recesión democrática.
@JAlvarezFuentes
