El problema de la sobreexplotación del Acuífero Principal de la Comarca Lagunera es un tema que se viene generalizando en la percepción de una parte importante de las personas que vivimos en esta región, cada vez más se identifica el desabasto que sufrimos al no salir agua de las llaves de nuestras viviendas con el abatimiento que ocurre a la fuente que nos provee de este preciado líquido. También se asocia el padecimiento de algunas enfermedades con este hecho, sobre todo entre la gente que vive en comunidades rurales donde involuntariamente durante años ingirieron agua contaminada con arsénico.
El gobierno federal ha realizado acciones para mitigar ambas caras del problema, la última de construir una onerosa mega obra que extraerá agua del río Nazas, potabilizarla y suministrarla durante un tiempo a las viviendas, pero ha omitido actuar en frenar la sobreexplotación del Acuífero Principal; finalmente esas acciones solo mitigan temporalmente el problema, pero siguen evadiendo enfrentar las causas del desabasto y los daños a la salud de los afectados hídricos.
Los gobiernos locales realizan las acciones que están a su alcance para satisfacer una demanda de agua urbana creciente, pero no está en sus facultades legales resolver el problema porque no son quienes expiden y regulan las concesiones para extraer agua del subsuelo, o detener los bombeos ilegales; también finalmente solo pueden aplicar medidas de mitigación temporal que les permita bajar la presión social derivada del desabasto que sufren las familias en sus viviendas.
Por estas razones, de omisión o de carencia de facultades legales de las instituciones gubernamentales para frenar la sobreexplotación del Acuífero Principal, algunos ciudadanos recurrimos a otras instancias del Estado mexicano para expresar nuestra preocupación por la forma deficiente en que se está gestionando el agua del subsuelo, ya que, como hemos insistido una y otra vez, está en riesgo de agotarse la fuente de agua de la que hoy depende nuestra vida doméstica y la economía de la Comarca Lagunera, además del riesgo de prescindir de reserva de agua futuras.
Promovimos un amparo ante un juzgado federal señalando las omisiones en que incurren las instituciones gubernamentales responsables de gestionar y regular el uso del agua, amparo que finalmente fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resuelto con una sentencia a favor de quienes nos inconformamos porque no se cumple, para quienes vivimos en esta región, el Derechos Humano al Agua. Para nuestra sorpresa, la Corte nos da la razón y le ordena a esas instituciones cumplir las omisiones que denunciamos por la vía jurídica, ya que en el juicio estas reconocieron los argumentos que expusimos con base a los mismos datos oficiales.
Parecía insólito que la Corte resolviera un amparo en favor de los ciudadanos porque no había antecedentes al respecto, esta instancia del Poder Judicial de la Federación por primera vez emite una sentencia sobre un tema como este, posteriormente a ella emitió otras cinco, por lo que ya se considera Jurisprudencia. El asunto es que la sentencia ya entró en vigor, lo que sigue es implementarla, algo nada fácil considerando la magnitud del problema que atiende, aunado a la resistencia de las instituciones federales de implementarla.
Sobre las repercusiones que tendrá la sentencia se han escuchado diversas versiones, algunas señalan que podría beneficiar a las familias que sufren desabasto en sus viviendas, pero también afectará a la economía regional, versión errónea que es necesario aclarar. En principio tal versión parte de quienes desconocen la magnitud del problema, ya que este difícilmente se resolverá en el corto plazo en virtud de que el desbalance entre extracción y recarga de este cuerpo de agua dulce subterráneo data desde 1946, fecha en que se puso en operación la presa El Palmito, y ha estado sujeto a un bombeo sin control de modo tal que recuperarlo requerirá un esfuerzo considerable durante un período prolongado de tiempo.
Sin embargo, para avanzar en este esfuerzo es necesario tomar medidas ineludibles como frenar el bombeo indiscriminado (según datos oficiales, que para el caso son conservadores y no del todo verosímiles) de aquellos pozos donde se realiza por encima de los niveles concesionados (nada menos que 450 hm3, más del doble de lo que actualmente se suministra para uso doméstico-urbano). Entonces, la cuestión no reside en reducir el bombeo y con ello la disponibilidad de agua que no debió ser extraída ilegalmente, puesto que en ello está propiamente la gravedad del problema que condujo a la sobreexplotación del Acuífero Principal.
Si algunas actividades económicas se realizan con esta distorsión económica basada en el bombeo ilegal de agua del subsuelo, lo que tiene que subsanarse es controlar ese huachicoleo y que quienes lo efectúan solo extraigan el agua que les es permitido, porque de continuar esta situación pone en riesgo la seguridad hídrica de la población y de la misma economía regional cuando ya no haya suficiente agua en el subsuelo. Finalmente, el problema reside en una deficiente gestión del agua del subsuelo, el cual la sentencia pretende contribuir a mejorar para beneficio de todos los que vivimos en la Comarca Lagunera, y de quienes tienen negocios o de los que quieran ampliarlos, solo se pretende corregir una situación que ya no puede continuar así.
