Las noticias sobre el Medio Oriente en los últimos meses han girado alrededor de la reforma judicial en Israel. La coalición de extrema derecha, encabezada por Netanyahu, seguramente conseguirá imponerla en etapas, a pesar de las protestas masivas, sin precedente, que se han prolongado por más de 32 semanas, y a pesar de una amplísima participación de médicos, reservistas, empresarios, figuras políticas y exmilitares. Los riesgos: la degradación de la democracia israelí y el agravamiento del principal conflicto en la región. La atención mediática se ha enfocado, también, en las manifestaciones de rechazo por actos de abierta islamofobia, como la profanación y quema autorizada del Corán en Estocolmo, y las consecuentes tensiones y rupturas diplomáticas de los países árabes e islámicos con Suecia. Destacan los incidentes como el incendio de la embajada sueca en Bagdad y otros hechos violentos frente a las representaciones diplomáticas suecas y danesas. Sin embargo, los escenarios son mucho más diversos y complejos. No son las novedades en los despachos de prensa.
Este año se han incrementado los choques violentos en los territorios ocupados, entre efectivos israelíes y milicianos palestinos. A ellos se han agregado frecuentes ataques directos de colonos judíos a jóvenes y poblaciones palestinos. Se cuentan por decenas las víctimas mortales, por centenas los heridos. El conflicto está instalado en el peligroso statu quo; en una espiral imparable de provocaciones, lanzamiento de cohetes, retaliaciones, ataques suicidas y represalias desmedidas. El control, la segmentación territorial, la prolongada ocupación israelí, la anexión paulatina avanzan inexorablemente. Es patente el disgusto estadunidense. Washington dejará de financiar la investigación científica en instituciones israelíes localizadas en Cisjordania, donde el gobierno israelí acaba de autorizar la construcción de 5,700 nuevas viviendas en asentamientos judíos ilegales. Las comunicaciones entre las autoridades palestinas e israelíes están interrumpidas.
Han pasado tres años de la catastrófica explosión en el puerto de Beirut y ningún persona o autoridad ha sido presentada ante la justicia y hecha responsable. La debacle económica y la crisis política continúan profundizándose en el Líbano; sus instituciones permanecen paralizadas. La presidencia está vacante, los ciudadanos en bancarrota. En la frontera sur se han recrudecido las tensiones con Israel, en la zona bajo control de Hezbolá. La semana pasada hubo cruentos choques entre facciones, en uno de los mayores campamentos de refugiados palestinos, con numerosas víctimas mortales. La agencia especializada de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), con operaciones vitales en Gaza, Cisjordania, Siria, Jordania y Líbano está a punto de quedarse sin recursos financieros, lo que obligará a suspender los programas de ayuda económica y alimentaria, también al cierre de decenas de escuelas y centros de salud. Millones de refugiados palestinos verán afectadas las precarias condiciones en las sobreviven. El año pasado, Estados Unidos debió contribuir con 340 millones de dólares. El panorama de otra crisis humanitaria masiva, luego de décadas de esfuerzos, es desolador.
En el noroeste de Siria, más de 4 millones de desplazados internos siguen estando bajo el dominio de grupos yihadistas. Células del denominado Estado Islámico sigue operando en Idlib, a pesar de haber sido descabezado. La indispensable ayuda humanitaria se encuentra atrapada entre el bloqueo ruso y el juego perverso del régimen de Bashar el Assad, el cual ejerce control sobre toda la ayuda internacional al intermediar con las Naciones Unidas. Su objetivo de normalización internacional parece estarse cumpliendo. Claro indicio es la readmisión de Siria en la Liga de Estados Árabes, en mayo pasado. Canadá y los Países Bajos han vuelto a denunciar al régimen ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la convención contra la tortura, malos tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes cometidas desde 2011, acusándolo de realizar desapariciones forzadas, violencia sexual y hacer uso de armas químicas prohibidas.
En el Congreso estadounidense aumenta la presión demócrata para que la administración Biden continúe reteniendo y condicionando parte de la multimillonaria ayuda militar a Egipto debido a los escasos avances de mejoría comprobable en el respeto de los derechos humanos. La liberación de unos 1600 prisioneros políticos contrasta con la detención de cerca de 5000 opositores, periodistas, comunicadores, activistas y miembros de la Hermandad Musulmana. Egipto seguirá siendo un socio estratégico por su rol fundamental en la seguridad regional, los vínculos estrechos con Israel y su insustituible rol de mediación entre las facciones palestinas.
En Túnez la crisis política, económica y social sigue agravándose. El presidente Saied, quien ejerce poderes ejecutivos extraordinarios desde 2021, primero disolvió el Consejo Supremo Judicial y ahora acaba de echar a la primera ministra Najla Bouden. Antes, despidió -también sin explicación- a otros ministros del gabinete de gobierno. Las protestas populares por el encarcelamiento de críticos y opositores han continuado en medio de la represión. Está en el limbo un plan de rescate del Fondo Monetario Internacional cuyos detractores ven como una imposición destinada a acabar con los subsidios a alimentos y la energía. El recorte de los salarios y la disminución en el número de los funcionarios públicos está sobre la mesa como un problema insalvable. Un préstamo saudita de 500 millones de dólares ha venido al rescate de las obligaciones del pago de la deuda.
Israel ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental para contrariedad de Argelia. Miles de migrantes continúan arriesgando su vida al intentar cruzar el Mediterráneo desde las costas de Libia, partida en dos.
@JAlvarezFuentes
