El Estado no está cumpliendo con su obligación de brindar protección a las infancias. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Aunque se debe poner en el centro a niñas, niños y adolescentes, el Estado no está cumpliendo con su obligación de brindar protección a las infancias.
Se están cometiendo violaciones graves a los derechos de este sector de la población, alertó Fernando Murillo, especialista en Derecho Procesal Penal y analista legislativo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), quien estuvo en Durango para participar en un Foro Especialista en la Erradicación de la Violencia Infantil, organizado por el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (la que se ejerce contra hijos e hijas para seguir dañando a la mujer).
En rueda de prensa, expuso que las violaciones graves a los derechos humanos que está sufriendo la infancia en el estado tienen consecuencia en lo presente y lo futuro, por lo que las instituciones deben asumir la responsabilidad que les corresponde. Especialmente la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado debe garantizar el interés superior de los menores.
Refirió que esta institución fue creada a partir del 2014, tras la promulgación de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, para garantizar la protección de los menores, pero no opera como debería.
"En la actualidad vemos que existen las instituciones, de hecho el estado de Durango creo que es un ejemplo de tratar de articular una ciudad judicial, porque así la tienen, donde convergen el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Procuraduría de Protección; sin embargo, lo que se visualiza es que no se atiende con el enfoque de la infancia y la falta de articulación interinstitucional ponen en grave riesgo las resoluciones que se emiten y se tiene que dar cumplimiento a ellas".
"Vemos juicios increíblemente largos, de cinco, seis, siete años, por un tema de guardia y custodia donde posiblemente se pueda dirimir en un menor tiempo y tener acceso a la justicia como realmente se dice: pronta y expedita", enfatizó. Y es que no se trata de adultos por lo que no se deben privilegiar los derechos del papá o la mamá, sino de los niños.
Refirió que a nivel nacional estas procuradurías tienen deficiencias presupuestales, de personal y capacitación, lo que tiene como consecuencia estos juicios largos y desgastantes que únicamente afectan a las infancias.
"Y ese es otro tipo de violencia que ahora tiene que enfrentar la sociedad en México, a una revictimización institucional (...) siempre el agresor va a tratar de utilizar todos los medios para minimizar su acto delictivo y lograr los beneficios que las instituciones le otorguen y esos beneficios deberían de ser frenados de inmediato", advirtió.
Por lo que enfatizó que estos asuntos se tienen que visibilizar porque "al parecer el tema de niñas, niños y adolescentes no les interesa". Y agregó que el Congreso, además de aprobar leyes, debe dar seguimiento al cumplimiento de las mismas. Asimismo, es necesario destinar más recurso a atender a las infancias, pero "que no se vaya a partidas para eventos, para vuelos, para viáticos de los funcionarios, que realmente lleguen directos".
