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Para la diputada Rosa María Triana Martínez, presidenta de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, es necesario visibilizar los retos que enfrenta a diario las personas con discapacidad.
“Es necesario redoblar esfuerzos para lograr que Durango se consolide como una sociedad incluyente, por ello, debemos sensibilizarnos y visibilizar las condiciones de vida y los retos que enfrentan las personas con discapacidad”, consideró la legisladora local.
La también presidenta de la citada comisión consideró que la atención a este sector de la sociedad debe convertirse en un área de oportunidad que traiga consigo el fortalecimiento del lado humano y permita visualizar el compromiso de todos los niveles de gobierno.
Al respecto, informó que en el estado de Durango existen 101 mil 953 personas que presentan alguna discapacidad de acuerdo a la Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los cuales 52.89 por ciento son mujeres y 47.11 por ciento, son hombres.
“No podemos, ni debemos ignorar las dificultades que impactan en la persona con discapacidad puesto que su interacción se ve limitada por la forma en que se organiza la sociedad y el mundo, lo cual impide que logre desarrollarse plenamente”, resaltó la legisladora.
De esta manera, señaló que se debe impulsar su justicia social y en equidad de oportunidades, reconociendo los derechos de todas las personas con capacidades diferentes y que deben ser partícipes del cambio social.
Agregó, que lo anterior, permitirá otorgarles igualdad de oportunidades en educación, empleo, cultura, recreación y deporte, para garantizar que tengan pleno respeto en el ejercicio de sus derechos y equidad en el acceso a los servicios y a los satisfactores necesarios para mejorar su calidad de vida.
De esta manera, convocó a todos los integrantes de la legislatura a implementar herramientas para apoyar el desarrollo y el bienestar de las personas con discapacidad, ya que el Estado, por ley, debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales; asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades
