(EFE)
El gobierno de Biden se encuentra bajo la creciente presión de izquierdistas de América Latina, así como de legisladores estadounidenses, para expulsar a Jair Bolsonaro de un retiro postpresidencial en Florida tras el ataque de sus partidarios en la capital de Brasil durante el fin de semana.
Pero el expresidente derechista podría anticiparse a cualquier plan para una medida tan contundente. El martes, dijo a un medio de comunicación brasileño que adelantaría su regreso a casa, originalmente previsto para finales de enero, después de haber sido hospitalizado con dolores abdominales derivados de un apuñalamiento en 2018.
“Vine a pasar un tiempo lejos con mi familia, pero no fueron días tranquilos”, dijo Bolsonaro a la filial en portugués de CNN en Brasil. “Primero fue este triste episodio en Brasil y luego mi hospitalización”.
Bolsonaro llegó a Florida a finales de diciembre, saltándose la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero, que se convirtió en el primer presidente electo de Brasil en no recibir la banda presidencial de su predecesor desde que se restauró la democracia en la década de 1980. Bolsonaro se aloja en la casa del luchador brasileño de artes marciales mixtas José Aldo, un ferviente partidario del exmandatario.
Su visita a Florida pasó prácticamente desapercibida en Estados Unidos hasta el ataque del domingo de miles de sus seguidores que llevaban semanas acampando frente a una base militar en Brasilia, negándose a aceptar la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta electoral de octubre. Su invasión del Congreso y del palacio presidencial de Brasil dejó tras de sí cristales destrozados, computadoras rotas y obras de arte dañadas.
Casi desde el momento en que las imágenes de destrucción fueron transmitidas al mundo, los demócratas expresaron su preocupación por la presencia de Bolsonaro en suelo estadounidense, estableciendo paralelismos entre los hechos en Brasil y la insurrección del 6 de enero de 2020 de los aliados de Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio para tratar de anular los resultados de las elecciones presidenciales.
Entre los que pidieron al presidente Joe Biden que expulsara a Bolsonaro está la representante Alexandria Ocasio-Cortez.
“Casi dos años después del día en que el Capitolio de Estados Unidos fue atacado por fascistas, vemos cómo movimientos fascistas en el extranjero intentan hacer lo mismo en Brasil”, dijo la legisladora por Nueva York. “Estados Unidos debe dejar de conceder refugio a Bolsonaro en Florida”.
Para la Casa Blanca debería ser una obviedad, según los expertos.
Biden nunca ha tenido una relación cercana con Bolsonaro, que hizo causa común con los principales aliados de Trump de extrema derecha. Y es probable que cualquier acción para expulsarlo sea bien vista en América Latina, donde Biden está cortejando a una nueva camada de mandatarios de izquierda que han ascendido al poder en lugares como Chile y Colombia expresando preocupaciones similares sobre las amenazas a la democracia.
“Una cosa es hacer declaraciones sobre el apoyo a la democracia”, dijo John Feeley, un veterano diplomático estadounidense en América Latina que renunció como embajador en Panamá en 2018 por diferencias con la administración Trump.
“Otra cosa es realmente tomar medidas en tu propia casa, donde tienes control soberano, con alguien que está claramente aliado con las mismas personas que te trajeron el 6 de enero”, dijo Feeley.
Pero hasta ahora el gobierno de Biden ha procedido con cautela.
El lunes, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, dijo —mientras eludía las preguntas sobre la presencia de Bolsonaro— que cualquiera que entrara en Estados Unidos con el visado A-1, reservado para jefes de Estado en ejercicio, tendría 30 días para abandonar el país o ajustar su estatus con el Departamento de Seguridad Nacional al término de su mandato.
El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, fue igualmente circunspecto, diciendo sólo que cualquier solicitud del gobierno de Brasil relacionada con Bolsonaro sería evaluada, teniendo en cuenta los precedentes legales. Normalmente, Estados Unidos es reacio a discutir cuestiones de visado por motivos de privacidad.
Feeley dijo que cuanto más espere el gobierno de Biden, más débil será percibido su apoyo a la democracia en la región.
