Con la ingenuidad propia de su edad biológica y de su comprensión intelectual, aquella alumna preguntó para asombro del grupo: ¿En qué momento del proceso legislativo se ubica el asalto a la tribuna por un diputado o por un grupo parlamentario? Asistía la mencionada alumna al curso que yo impartía de la materia Introducción al estudio del Derecho en la Universidad Autónoma de La Laguna, y su pregunta la formulaba en función de lo que estamos viendo por televisión con respecto a la actitud que asumen algunos dirigentes de partidos representados en la Cámara, o- simples integrantes de grupo parlamentario.
La respuesta no podía ser más obvia, y desde luego, en sentido negativo; las etapas del proceso legislativo en el sistema jurídico mexicano, son y han sido, desde mucho tiempo atrás hasta ahora, iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y vigencia; la interesada lo sabía porque bien se explicó el tema, pero preguntó porque cada vez es más frecuente que cuando un legislador o varios de diferentes grupos parlamentarios carecen de argumentos y no logran convencer a su oponente, acudan a la vía más rápida, pero la menos deseable: que la Mesa Directiva de la Cámara determine suspender la sesión, reprogramándola para otra fecha, y provocar el desorden.
Naturalmente, que había en la pregunta una fuerte dosis de ironía, de suspicacia y hasta de humorismo en el cuestionamiento de la participante académica, porque ella como seguramente todos los que acuden a escuelas y facultades de Derecho, sean públicas o privadas. a obtener los conocimientos que les permitan acceder en su momento a la licenciatura, observan con preocupación y escepticismo lo que sucede en la realidad.Hay hechos escandalosos, vergonzantes y condenables que alarman al público en general por el riesgo y la peligrosidad que encierran, pues ponen al borde del abismo el estado de derecho que tanto presumimos tenemos en México, pero adquieren mayor impacto y animadversión entre quienes aspiran válidamente a la Licenciatura en Derecho.
Quienes ejercemos por vocación la docencia en instituciones educativas de nivel superior, tenemos el compromiso social y moral de exponer a los alumnos el deber ser, contribuir desde nuestro ámbito a su formación y dotarlos de los instrumentos y herramientas que los hagan ciudadanos de bien.¿Cómo argumentar, entonces, justificadamente que el hecho supera al Derecho, que la fuerza se impone a la razón, que se puede de manera relativamente fácil trastocar el orden jurídico?
Y sobre todo, ¿Qué la conducta de los que incurren y promueven esos hechos quede impune?
Motivo de preocupación y alarma debe ser el escenario jurídico-político que hoy vivimos. Difícil situación en la que coloca a quienes modestamente impartimos materias jurídicas y exponemos resueltamente el respeto a la norma.
¿Por qué acudir a la fuerza, a la violencia, para tratar de imponer un punto de vista?
Sostenemos que el compromiso de todos los mexicanos es hacer que prevalezca el respeto a nuestras instituciones jurídicas. Defendamos por todos los medios el imperio de la Ley. Sólo así será posible acabar con corruptelas, abusos y manipulaciones. De lo contrario vendrá el imperio del más fuerte. Volveremos a la Ley del Revólver.
Y eso nadie lo quiere, porque a nadie conviene. ¿O sólo se trata de revolver la ley?
Claro que el mundo ideal es aquel en que la ley no existe, porque no es necesaria, ya que los hombres son buenos por naturaleza, es el "bon savage" en la concepción de Rousseau; la sociedad lo hace malo. Es un tema que comentaremos en otro Panorama. [email protected]
