El párroco denunció que fue amenazado por el INM, por auxiliar y dar asistencia, cobijo y alimentos a los desplazados.
El sacerdote Paulo Alfonso Sánchez Valencia, párroco del templo Verbo Encarnado y titular de la Casa del Migrante y del Comedor Comunitario de la iglesia, denunció que fue amenazado por el Instituto Nacional de Migración (INM), por auxiliar y dar asistencia, cobijo y alimentos a los desplazados centro y sudamericanos.
En rueda de prensa, el defensor de los derechos de los desplazados y autoexiliados indicó que incluso hubo intimidación contra los miembros laicos de la Pastoral del Migrante y contra ciudadanos que estaban a favor de las acciones del sacerdote y defendiendo a las personas de procedencia extranjera que eran violentados por los agentes de la dependencia federal.
El párroco explicó que el miércoles, cuando ciudadanos fronterenses que viven cerca de las vías del tren le llamaron para reportar que autoridades del INM, del Ejército y de la Policía Estatal en una redada detenían a los exiliados que habían llegado en "la bestia" al municipio.
Conforme a las leyes mexicanas y a los tratados internacionales, los migrantes no pueden ser detenidos por las autoridades de este país en su tránsito a Estados Unidos, explicó Sánchez Valencia.
La denuncia telefónica de los vecinos al padre indicaba que los migrantes eran agredidos físicamente por los agentes de Migración, quienes a su vez amenazaban a los vecinos que intentaban refugiar a los extranjeros en sus domicilios para rescatarlos de la violencia.
"Cuando llegamos al lugar, en efecto había un revolución, los vecinos nos decían que los elementos de Migración querían meterse a sus viviendas por defender a los migrantes y refugiarlos, los migrantes manifestaban que habían sido violentados y al yo presentarme con los oficiales, llegando con todo el respeto que merecen, una de las oficiales comenzó a grabarme con su celular. Es la misma funcionaria que días antes me amenazó por ayudar a nuestros hermanos centroamericanos", dijo el párroco.
Agregó que los elementos del INM querían arrebatarles los celulares a los migrantes que grababan videos de lo que estaba ocurriendo. Los agentes pretendían para eliminar toda evidencia de los actos de violación a los derechos humanos y garantías individuales de los exiliados.
Las acciones de cualquier funcionario o agente de gobierno puede ser grabada por cualquier persona, para documentar el actuar de los elementos, pero los representantes de la autoridad no pueden grabar ni fotografiar sin su consentimiento a la población civil, porque eso constituye en delito a la intimidad y de sus personas de acuerdo a las leyes mexicanas federales y estatales vigentes.
Agregó que analizará si se tomarán medidas legales contra estos elementos, a los que no temen por las represalias que pudieran tomar por la denuncia pública hecha por los abusos que cometen a la población migrante en tránsito y a los laicos y religiosos pertenecientes a la pastoral que ven por los exiliados que buscan llegar a Estados Unidos.
