Por un lado, Samuel García, gobernador constitucional, retoma su posición después de una decisión adversa de la SCJN y, por el otro, Luis Enrique Orozco, nombrado por el Congreso estatal, se mantiene como gobernador interino.
La mañana de este sábado, en Nuevo León, amanece con una escena política caótica: dos figuras reclaman la silla del Palacio de Gobierno. Por un lado, Samuel García, gobernador constitucional, retoma su posición después de una decisión adversa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, por el otro, Luis Enrique Orozco, nombrado por el Congreso estatal, se mantiene como gobernador interino.
El conflicto desencadenado entre Samuel García, representante de Movimiento Ciudadano, y las cúpulas del PRI y PAN, ha desencadenado una inusual situación política en uno de los motores económicos de México.
El revés judicial ha obligado a Samuel García a abandonar momentáneamente su aspiración presidencial y reintegrarse como gobernador, aunque su futuro político podría verse afectado por los tiempos electorales y las implicaciones legales de esta disputa.
Mientras tanto, el Congreso estatal guarda silencio, y se espera una intervención de la SCJN o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver esta encrucijada legal y de gobernabilidad.
Samuel García, a través de sus redes sociales, anunció su regreso al cargo y convocó a seguir construyendo el futuro del estado. Por su parte, Luis Enrique Orozco informó que revisaría a los elementos de Fuerza Civil en un evento matutino.
EL ORIGEN DEL DILEMA
Este dilema surge tras la resolución de la SCJN, que validó la designación de Orozco como gobernador interino, instando a las autoridades a permitir una toma de posesión efectiva y garantizar la gobernabilidad y seguridad durante su mandato.
El pulso entre las figuras políticas ha generado tensiones evidentes: el Palacio de Gobierno se encuentra resguardado por fuerzas policiales, mientras los líderes de ambos bandos reclaman su legitimidad para liderar el estado.
Esta crisis política se desarrolla en un contexto de acusaciones, recursos legales y tensiones, mientras la incertidumbre sobre quién liderará efectivamente Nuevo León persiste. Las decisiones judiciales cambiantes han alimentado la confusión y han llevado a un enfrentamiento directo entre el poder legislativo y ejecutivo en la entidad.
La SCJN, al reconocer a Orozco como gobernador interino, busca restablecer la estabilidad en el estado, aunque la presencia de dos figuras reclamando el poder añade un elemento de incertidumbre en el horizonte político de Nuevo León.
La crisis aún está en pleno desarrollo, mientras la disputa legal y política continúa marcando el destino del estado y su gobernanza, en un momento crítico para su futuro político y social, además de relevante para las aspiraciones electorales de Samuel García.
