El sexenio de López inició con la promesa de abrir toda la información, repitiendo hasta el cansancio que su Gobierno es: "el gobierno más transparente de la historia", lo cual es falso.
Si en algo no ha parado ni reparado este Gobierno es que a falta de resultados y mayor violencia histórica, también ha patentado mayor opacidad.
A los casos ya referidos todavía hay que agregar el de las investigaciones por conflicto de intereses en el caso de Carlos Lomelí, el supuesto ataque con libro-bomba contra la Senadora Citlali Hernández, los contratos de espionaje a particulares realizados por la Empresa Pegasus para el actual Gobierno, toda información recopilada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto al Caso Iguala, las supuestas asambleas de estudio realizadas para la elaboración de los controversiales Libros de Texto de la SEP, el escándalo de los agronitrogenados entre PEMEX y el multimillonario Alonso Ancira, la bitácora de vuelo de la Mascota del Equipo Olmeca al Estadio de Beisbol en helicóptero de la Secretaría de Marina, todo informe relacionado con Fertinal y el expediente de la SEDENA con el Caso Tepochica…todos ellos prohibidos su consulta pública por cinco años después del 2024.
Más aún, ya en la recta final de su administración, sobreabundan las pruebas para evaluarlo negativamente pues contamos con menos datos públicos y más información oculta que en sexenios anteriores, y lo que es peor: hasta antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya autoriza al INAI a funcionar con solo cuatro consejeros a la cabeza del mismo, el país tanto como la ciudadanía se encontraban con menos instrumentos de rendición de cuentas.
Y es que de las 12,570 bases de datos con información del presente gobierno disponibles en la plataforma de datos.gob.mx, más del 71% se encuentran abandonadas; esto es, sin ninguna tipo de actualización en un año, por lo que en lugar de la consabida excusa de tener "otros datos" hemos pasado a no tener datos o información en lo absoluto.
Aquí cabe señalar que por mandato de Ley todo tipo de información y documentación generada y compilada por el Gobierno en sus tres niveles es obligatoriamente pública, y solo en casos de excepción-por cuestiones de seguridad nacional-es que las instituciones podrían reservar o prohibirle a la ciudadanía el acceso franco a cierto tipo de información como clasificada. Sin embargo, en casos como este cabe subrayar que la reserva es solamente temporal, pese a la reticencia por parte de los burócratas y las instituciones que dirigen a abrirse al escrutinio por parte de la ciudadanía, en pleno ejercicio de este derecho constitucional.
De hecho si alguna política define a este sexenio en materia de transparencia es su negativa a proporcionar y transparentar información que por su naturaleza misma debería de ser pública, bajo una serie de reservas interminables.
En este mismo tenor, si la Administración Federal ha patentado algún avance es en el sentido contrario a la transparencia y el cumplimiento mínimo de sus obligaciones ante la ciudadanía que se supone debería de representar. No extrañará entonces que desde el año 2018 hasta el presente, al revisar la información que corresponde a la Plataforma Nacional de Transparencia federal, sitio oficial donde toda dependencia debe publicar su información correspondiente, esta ha disminuido más del 36% en el cumplimiento básico de esta obligación.
La Presidencia de López ha estancado por todos los medios fácticos, legales e institucionales la rendición de cuentas, empezando por el INAI al que castigó quitándole 24% de su presupuesto, prohibiendo su funcionamiento al obstaculizar el nombramiento de sus consejeros.
Lo grave es que sin las instituciones independientes y los instrumentos de rendición de cuentas que obliguen al Gobierno a responder al escrutinio público, nos encontramos cada vez más cerca de una parálisis del Estado nacional, misma que nos llevaría a "ese mundo ideal" para el Presidente, según palabras del ex Secretario de Gobernación Adán Augusto López, pero no para el país ni para los ciudadanos.
