El IMCO propone una serie de recomendaciones que atienden la problemática de la gestión del agua desde los ángulos de sostenibilidad y regulación. (ARCHIVO)
En plena ola de calor, la disponibilidad de agua en México se vuelve crítica, por lo que es urgente e inminente una nueva Ley General de Aguas para desarrollar una regulación que fomente una eficiente gestión de los recursos hídricos, afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El IMCO señaló que un tema alarmante en el mundo son las sequías, las cuales se han duplicado en los últimos años y este fenómeno se ha agravado por el aumento de la temperatura en México, debido al cambio climático.
Al mencionar que, en México, la gestión de los recursos hídricos se divide entre la federación, los gobiernos locales y los organismos de cuenca, indicó que para iniciar el camino hacia la resolución del problema, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe promover una mayor coordinación entre los responsables de la gestión del agua.
"Además, es necesario abordar el problema de la ausencia de actualización de los lineamientos para la extracción y uso de aguas, así como de las disposiciones para otorgar concesiones. Esto permite un control más estricto del uso de los recursos hídricos con fines sostenibles y una mayor transparencia hacia los usuarios".
El Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un análisis del marco regulatorio actual, donde identificó que además de la falta de coordinación entre actores públicos y privados, algunos de los obstáculos son:
Falta de coordinación entre los actores del gobierno a distintos niveles, lo que dificulta el desarrollo y aplicación de políticas públicas eficientes para manejar los recursos de manera sostenible.
Ausencia de actualización de las disposiciones para otorgar concesiones. La demanda de agua no está basada en la oferta real; dicha demanda puede variar año con año debido a las sequías y a la disminución de las precipitaciones.
Deficiencias en los sistemas de medición y monitoreo. 97% de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tienen medidor y 93% no han sido verificados.
Reducción de la vigilancia. Entre 2011 y 2018, el promedio de visitas de vigilancia anuales fue de 8,129, mientras que entre 2019 y 2022 fue de 2,334, lo que implica que México experimentó una reducción significativa en la vigilancia del uso del agua.
Reducción de financiamiento a la Conagua. El presupuesto de este organismo disminuyó aproximadamente 50% entre 2014 y 2022. Es decir, pasó de 63 mil millones de pesos a 30.3 mil millones.
El organismo compartió que las autoridades en los tres niveles de gobierno necesitan transitar hacia un marco legal y regulatorio que permita asegurar el acceso equitativo al agua y que garantice el derecho de los ciudadanos a un suministro de agua seguro, limpio y asequible. Aprovechar el mandato de expedir una nueva Ley General de Aguas será clave para iniciar el camino hacia una legislación y gestión más eficientes.
A partir de este diagnóstico, el IMCO propone una serie de recomendaciones que atienden la problemática de la gestión del agua desde los ángulos de sostenibilidad y regulación:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión deben garantizar recursos suficientes para que la Conagua pueda invertir en tecnología y recursos humanos con el fin de desarrollar un sistema de información de recursos hídricos robusto y confiable.
La Conoagua y el Congreso de la Unión deberán ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea que reflejen la disponibilidad anual y no superen la disponibilidad ambientalmente sostenible.
La Conagua y la Profepa deben garantizar inspecciones y vigilancia suficientes para los sistemas de aguas. Aunque es un mandato por ley, en la práctica estas acciones son limitadas e insuficientes para los riesgos que enfrenta el país en términos de contaminación y sobreexplotación. Esto abre camino a la corrupción y promueve un uso ineficiente del agua.
