Para cumplir con una sentencia de amparo dictada por el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, fue que la Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictó auto de vinculación a proceso por el delito de "Ejercicio Indebido del Servicio Público", en contra del exsecretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez, el actual secretario del Ayuntamiento, Jesús Eduardo Lara Urby y Pablo Amberto Reyes de la Barca, quien es parte del equipo jurídico del Municipio.
"Nosotros estamos al pendiente de las resoluciones", dijo el actual director jurídico del Ayuntamiento de Lerdo, Aldo Rubio Martínez, quien enfatizó que no es él quien defiende a los exfuncionarios y funcionarios implicados en este asunto, sino que ellos traen su propio abogado defensor.
El alcalde Homero Martínez Cabrera, admitió tener conocimiento de lo anterior y mencionó que, en su momento, en el año 2020, el Ayuntamiento dejó en manos de la Dirección Jurídica del Municipio, entonces a cargo del licenciado, Leonardo Anton Moreno López, la estrategia legal que propuso para impedir el embargo de cuentas municipales, tras lo cual hubo lo que calificó como "una desatención" de parte de Moreno López para atender requerimientos legales.
El auto de vinculación a proceso valida las diversas actuaciones del procedimiento, dando lugar a la apertura de diversas fases como pueden ser el periodo probatorio, formulación de conclusiones y dictado de la sentencia, es decir, el juez al dictar el auto de vinculación a proceso, determina que el imputado debe pasar a la siguiente etapa de investigación.
Desde el 24 de octubre de este año se impusieron medidas cautelares a los señalados para que se presenten ante la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad cada 15 días, además de dejar una garantía económica de 30 mil pesos a cada uno y se les prohibió salir del estado o del país, ya que el proceso continuará durante los próximos tres meses para abundar en la investigación. Es decir, se cumplen el 24 de enero del 2024, aunque tienen derecho a prórrogas.
¿QUÉ HICIERON?
El abogado, Luis Eduardo Hernández Arellano, representante legal de Miguel Alfonso Llamas Díaz-Couder (uno de los demandantes) y representante de otros 25 extrabajadores municipales demandantes, beneficiarios del laudo laboral, explicó que los servidores públicos vinculados a proceso habrían realizado funciones correspondientes a un funcionario judicial sin serlo. Dijo que el delito de "Ejercicio Indebido del Servicio Público", de comprobarse, puede alcanzar una pena de 6 a 14 años de prisión.
Lo anterior se deriva luego de que se ordenó al Ayuntamiento de Lerdo la reinstalación y pago de salarios caídos a extrabajadores en octubre de 2020. Dijo que tras liberarse un exhorto ante un juez mixto, se percató que nunca llegó el actuario debido a que en el Ayuntamiento lo resolvió a través de un juzgado administrativo municipal, donde los exfuncionarios y funcionarios actuales habrían fungido como juez y parte.
"El secretario del Ayuntamiento, hizo unas funciones de juez de distrito de amparo, otro hizo las veces como si fuera un secretario de un juzgado y otro la hizo como si fuera un actuario, sabemos que uno no es juez, el otro no es secretario de juzgado y el otro menos es actuario", dijo Hernández Arellano.
De acuerdo con lo señalado mediante oficio por la Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para evitar medidas tendientes al cumplimiento de la sentencia (laudo) laboral que favorece a los extrabajadores municipales, el entonces tesorero municipal, Ricardo Olivares Porras, (quien originalmente fue uno de los demandados, a quien se le solicitaba ser vinculado a proceso), promovió un amparo ante el entonces secretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez, y éste admitió a trámite la demanda de amparo y además concedió la suspensión del acto reclamado en conjunción con Jesús Eduardo Lara Urby (hoy secretario del Ayuntamiento de Lerdo) y el entonces coordinador de las áreas administrativas del Ayuntamiento de Lerdo, Pablo Amberto Reyes de la Barca (parte del equipo de abogados de la Dirección Jurídica actual del Ayuntamiento), es decir, habrían sido juez y parte, invadiendo funciones que solo atañen al Poder Judicial de la Federación.
FUNCIONARIOS TRAEN SU PROPIO DEFENSOR
El actual director jurídico del Ayuntamiento, Aldo Rubio Martínez, enfatizó que no es él quien defiende a los exfuncionarios y funcionarios implicados en este asunto sino que ellos traen su propia defensa jurídica.
En los resolutivos de la Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se indica que el exfuncionario, José Dimas López Martínez y los actuales funcionarios, Jesús Eduardo Lara Urby y Pablo Amberto Reyes de la Barca, designaron como sus nuevos defensores a los licenciados Carlos Ernesto Prado Aguilera y Roberto Hernández Pérez.
Respecto a si fue correcto o incorrecto el actuar de los funcionarios, el director jurídico, Aldo Rubio, comentó que prefería reservarse su opinión: "Cada quien en su momento tomó sus decisiones". Enfatizó que el Ayuntamiento ha realizado todos los esfuerzos que están dentro de sus posibilidades económicas para saldar la deuda con los extrabajadores sin afectar los servicios públicos de los ciudadanos, así como otras obras y acciones de beneficio para la población. También dijo que el Ayuntamiento está en disposición de negociar con los extrabajadores.
Rubio Martínez dijo que estarán al pendiente de todas las resoluciones de los tribunales, puesto que la idea es que el laudo laboral no afecte la operatividad de la Presidencia y los servicios que se prestan a la ciudadanía, así como tampoco las funciones de las autoridades actuales.
FUE DESCUIDO: HOMERO MARTÍNEZ
El alcalde Homero Martínez Cabrera, recordó que el tema de los extrabajadores lo arrastra el Ayuntamiento desde el 2007 y que el asunto que implica a exfuncionarios y funcionarios, inició en el 2020, año en el que dijo, el exdirector jurídico municipal, Leonardo Anton Moreno López, propuso en primer lugar una estrategia para evitar el embargo de cuentas municipales, declarando los bienes municipales como del dominio público, lo cual evitaba su embargo "porque son de los más de 163 mil habitantes de Lerdo", explicó el edil, y en segundo lugar, aseguró el alcalde que se trató de una desatención del director.
"Fue una desatención. Es como yo lo calificaría, porque este exfuncionario dio un domicilio en Torreón para recibir notificaciones y resulta que nunca se atendieron y allá estuvieron. Es una desatención. La vinculación a proceso implica que se vuelve a regresar y nuevamente vamos a tener que hacer una estrategia legal para que quede claro que de nuestra parte no actuamos con dolo, sino que estamos protegiendo los intereses de los ciudadanos lerdenses", aseguró el alcalde.
ESFUERZOS PARA PAGAR
El presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, mencionó que no ha estado ni está actualmente en las posibilidades del Ayuntamiento pagar en una sola exhibición -como lo exigen- los cerca de 140 millones de pesos que implica cubrir el laudo laboral con el presupuesto anual actual del Ayuntamiento.
Recordó que Lerdo ha hecho solicitudes al Congreso del Estado para obtener su aval en la solicitud de un préstamo bancario a Lerdo, mismo que en su momento no fue avalado por tratarse de un laudo laboral.
También se han hecho solicitudes al gobierno federal exponiendo la situación, ya que se trata de un problema heredado que fue consecuencia de una demanda laboral por despido injustificado que se presentó en 2007 cuando se encontraba en el cargo el exalcalde, Carlos Aguilera, demanda que ningún otro alcalde resolvió y cuyo laudo, del cual salieron favorecidos los trabajadores, se resolvió de forma definitiva en 2017 ordenando al Ayuntamiento el pago.
El alcalde también insistió en que como gobierno no puede sacrificar el recurso destinado para los servicios públicos básicos y las obras que necesita la población.
También informó que son 10 mil pesos lo que el Ayuntamiento deposita por cada uno de los extrabajadores beneficiados con el laudo con el objetivo de que no sigan aumentando los salarios caídos, motivo por el cual el último dictamen entregado por el Tribunal Laboral Burocrático indica que de 155 millones (al 30 de septiembre) se deben 138 millones de pesos, es decir 17 millones de pesos menos "y la idea es seguir con esta inercia para que en los dos años que me quedan se pueda terminar este problema", dijo el alcalde, quien recordó que ya no son 55 sino 46 extrabajadores pendientes "y que la idea es negociar con ellos con el dinero en la mano y por ello vamos a hacer una bolsa en el próximo ejercicio.
Ustedes lo saben qué etiquetamos 18 millones de pesos más otros 6 millones de pesos de previsión para alguna negociación, lo que permitirá hacer negociaciones en lo particular", comentó el alcalde.
