En materia de seguridad pública, el país entero se encuentra ante una encrucijada crítica. La anunciada "Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días" busca marcar un punto de inflexión en la lucha contra la violencia delictiva que ha plagado al país por sexenios. Pero, ¿podrían ser suficientes 100 días para instaurar un cambio? Depende de la voluntad política y la altura de miras.
A simple vista, la estrategia global consiste en ocho estrategias concretas, localizadas, y que priorizan la inteligencia, la investigación y la acción coordinada entre las instituciones de seguridad. Los objetivos son claros y medibles: la disminución de homicidios y delitos de alto impacto en los municipios más violentos, la neutralización (se deja a la libre interpretación) de los generadores de violencia y redes criminales, y la mejora de la percepción ciudadana sobre la capacidad del gobierno para proteger a la población. Los primeros 100 días buscan ser una muestra de que las instituciones de gobierno, en acción conjunta, pueden producir resultados palpables. Yo no dudo de que se logren avances positivos a muy corto plazo. Mi interrogante es, de nuevo, si se quiere instaurar un cambio real de política. Porque, lograr los objetivos previamente mencionados, toma mucho más de 100 días. Y aunque es entendible el propósito político de asegurar resultados en esos primeros 100 días de gobierno, hay cuestiones que deben ser consideradas propositivamente para lograr los objetivos establecidos. Las anoto para que no nos tomen por sorpresa, porque nos tomará mucho más que 100 días ver resultados.
Primero. El riesgo de la narrativa. Hay que reconocer que vivimos tiempos de expectativas altas y paciencias bajas. Por eso la idea de los 100 días. La cuestión es que esta presión por lograr resultados en un plazo tan breve corre el riesgo de desviar la atención de acciones sostenibles pasado el periodo establecido, generando un posible desgaste mediático prematuro de las fuerzas de seguridad y del mismo gabinete de gobierno. En todo caso, imagino que está prevista una contra-narrativa en caso de fallar en la comunicación.
Segundo. La fuerza de reacción. La resistencia del crimen organizado es y seguirá siendo enorme y potencialmente desestabilizadora. La reacción de las organizaciones criminales, muchas de ellas con un poder e influencia significativos, llevará a un recrudecimiento de la violencia en los municipios donde el control territorial es disputado. Su resistencia va para mucho más de 100 días y mejor nos vamos preparando al respecto.
Tercero. El efecto Hidra. Por "neutralización de los generadores de violencia y redes criminales", uno entendería la detención de líderes de alto perfil junto con la desarticulación de sus grupos criminales. Independientemente del método que se siga, el objetivo acarrea, además de un aumento temporal en la violencia y la inestabilidad en los municipios prioritarios, la aparición de nuevos actores, y la mutación de otros, más impredecibles y violentos. Estos actores, organizaciones y redes, por cierto, no existen en un vacío social ni sólo en libertad, sino que están incrustados en la sociedad y dentro de las cárceles, por lo que se subraya la necesidad de contar con medidas al respecto, las cuales, nuevamente, rebasan los 100 días de vida.
Cuarto. El fiel de la balanza. En México, cuando se trata de justicia penal, el verdadero fiel de la balanza no está en la impartición de justicia, sino en su procuración. Este aspecto no está contemplado en la estrategia de los primeros 100 días, pero la reciente reforma que otorga a la secretaría del sector la facultad de generar investigaciones de delitos -léase integrar carpetas de investigación- podría ser un paso en la dirección correcta. Esta reforma, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de septiembre, tiene el potencial de reforzar la capacidad de investigación y judicialización, lo cual es fundamental para asegurar que las detenciones resulten en procesos justos y sentencias efectivas. Por otro lado, ojalá que no se abuse de esta facultad. Existe el riesgo de que esta facultad pueda ser objeto de abuso si no se implementan salvaguardas adecuadas.
Quinto. La realidad de la coordinación. Tal coordinación, aunque crucial, conlleva un riesgo de pataleo político si las líneas de mando no se respetan y si la comunicación interinstitucional falla. Esto puede desembocar en un antagonismo que fragmente los esfuerzos en lugar de consolidarlos, sobre todo pasados los primeros 100 días. Y no se diga el estado ya lastimoso de la burocracia, las lealtades ciegas, y las luchas de poder en su interior, que pueden ralentizar y anular las operaciones.
Sexto. La sombra de la corrupción. Ésta es la sombra perene que lo arruina todo. Y más cuando las redes de protección en este sector de la política son material propio de una novela de Stephen King. El combate a estas redes, las cuales son un elemento constituyente del crimen organizado, es algo que la estrategia debería incluir no sólo en su diagnóstico (que lo hace), sino como un objetivo de propio. Esto, si se buscara hacer, requeriría una voluntad política no vista en sexenios.
En todo caso, tomadas las anteriores precauciones, si algo se desprende de esta estrategia es la ventana de oportunidades que abre. Noticias de detenciones de alto perfil junto con un éxito medible en la disminución de la violencia pueden fortalecer la confianza pública y generar un efecto dominó positivo en la percepción ciudadana.
Pasados los primeros 100 días, será necesario establecer una comunicación correcta de los resultados. Y no hablando en primera persona del singular. Esta comunicación deberá ser participativa. En seguridad pública, la narrativa se escribe en primera persona del plural. Aún con la poca experiencia democrática que tenemos, sabemos que sólo la participación ciudadana puede legitimar la política. Justamente, si un objetivo es mejorar la percepción ciudadana, no hay de otra que incorporarla. La comunicación de datos y gráficos, en un vacío ciudadano, nunca podrá ganar la opinión pública. Nunca lo ha hecho ni lo hará. Sólo la participación plural de observatorios ciudadanos, ONGs especializadas en seguridad, y la academia, puede garantizar una legitimidad y percepción balanceada sobre el avance de esta estrategia y la que seguirá.
Los primeros 100 días son solo el inicio, un ánfora dentro del cual se probará la capacidad material del gobierno para actuar rápida y efectivamente frente al poder criminal organizado. Si logra mantenerse firme, superar sus debilidades internas, prever las cuestiones arriba mencionadas, y sembrar pensando más allá de los primeros 100 días, México podría no solo reducir la violencia, sino también sentar las bases para un futuro más seguro. En definitiva, la pregunta está en el aire: ¿serán suficientes 100 días para cambiar? La respuesta, como siempre, dependerá de la inteligencia y voluntad políticas.
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