El tema del agua en la Comarca Lagunera enfrentará este año dos grandes retos: por un lado, la puesta en operación del Programa Agua Saludable para La Laguna (ASL) y, por el otro, el curso que tome la implementación de la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo promovido por ciudadanos para recuperar el Acuífero Principal.
En primer caso, después de la inauguración virtual que hizo el Presidente de la República de la planta potabilizadora, se espera que en este 2024 inicie el suministro de agua a los organismos operadores municipales de la zona metropolitana, el cual, según la versión oficial, será gradual. Aquí hay dos pendientes importantes: por un lado, se desconoce la asignación de los volúmenes pendientes que requiere la potabilizadora para cubrir la demanda estimada en el proyecto, ya que en la versión oficial recientemente declarada solo se tiene asegurado un tercio del contemplado, bajo el supuesto de que con la tecnificación de la infraestructura hidroagrícola, particularmente la modernización de los sistemas de riego en los predios agrícolas, se generaría un ahorro de agua que se destinará a uso doméstico-urbano, algo que también se ha mencionado como un pendiente del Programa ASL.
Un segundo pendiente es la modernización de las redes hídricas urbanas a través de las cuales se suministrará agua a las viviendas y los negocios que dependen de esta fuente de agua, ya que también, según la versión oficial de los gobiernos locales, aún no se ha realizado más allá del alcance financiero de los municipios. En ambos pendientes el retraso parece ser la asignación de los fondos federales.
En el segundo caso, la sentencia que la Corte emitió ocurre en marzo de 2023, en la cual se otorga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), un plazo para que el 27 de junio entregarán un Programa Conjunto de medidas sobre cómo se va recuperar el Acuífero Principal de la Comarca Lagunera. A la fecha, la primera instancia federal ha intentado evadir su responsabilidad sobre las tres omisiones que le marcó la Corte, mientras que la segunda instancia federal solo ha informado al Juez Federal responsable de implementar la sentencia, sobre algunas acciones que realiza para cumplir las otras diez y seis omisiones en que incurrió para que se presentara la sobreexplotación de dicho acuífero.
Ya pasaron más de seis meses en los que dichas instancias del gobierno federal han estirado la liga hasta donde el poder judicial se los ha permitido. Los ciudadanos que promovimos este juicio ante el poder judicial federal, entendemos que no es una tarea fácil proponer un programa de medidas para resolver un problema tan añejo y complejo como es la sobreexplotación del acuífero más importante de la Comarca Lagunera y de la propia cuenca de los ríos Nazas-Aguanaval, por ello a la par de lo que indique el Juez Federal, estamos atentos y pacientes de conocer dicha propuesta.
Ambos casos, el programa ASL y el curso del juicio de implementación de la sentencia, tendrán en 2024 un período de tiempo decisivo para dar respuesta al desabasto y contaminación de agua que sufre la población lagunera. ASL, con todos los asegunes que le definen como un programa de mitigación temporal que pretende reducir ese desabasto y proveer agua potable en las viviendas y negocios, en este año deberá mostrar un avance significativo, al menos de asegurar el suministro en aquellas zonas de mayor densidad poblacional y donde el déficit hídrico ha sido más patente, para cumplir su función mitigadora del estrés hídrico que sufrimos quienes habitamos en esta región, en la medida que no resuelve el problema estructural de sobreexplotación del Acuífero Principal.
En cuanto a la sentencia de la Corte, este 2024 será decisivo porque definirá la forma o estrategia que se deba seguir para revertir este problema estructural que de seguridad hídrica a la economía y la población lagunera. En tanto que, según los datos oficiales, este acuífero lleva en desbalance más de siete décadas, su recuperación requerirá de un conjunto de medidas cuya aplicación no será a corto plazo, lo que implica, antes que todo, un conocimiento sobre el estado en que se encuentra el agua subterránea, con base argumentos científico-técnicos, no con base a ocurrencias o arreglos cupulares que oculten la verdad.
Los laguneros debemos conocer cuál es ese estado en que se encuentra la principal fuente que nos abastece de agua y nos garantizará la pretendida seguridad hídrica futura, de ahí que los ciudadanos que ganamos esta sentencia estaremos acompañando su implementación e informando a la sociedad sobre los temas que se traten, que este proceso sea abierto y transparente. De las definiciones que ocurran este año dependerán las posibilidades reales de revertir la sobreexplotación del agua del subsuelo y el futuro de quienes vivimos en esta región.
