La semana pasada se suscribió el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, Acuerdo que enmarcará y definirá la política en la materia durante este sexenio. Varios mensajes ventilan este evento, empezando por su denominación.
Quizás con dicho nombre se pretende destacar las prioridades en el uso del agua que marcarán su política hídrica sexenal: para consumo humano y para el cuidado del ambiente, deslindándose de las que le precedieron, incluyendo el de su antecesor que evadió enfrentar las crisis hídricas regionales que emergieron en país como consecuencia del marco normativo y las políticas públicas que derivaron de la concepción neoliberal que les marcó a partir de la reforma salinista de la Ley de Aguas de 1992.
Concebir la gestión del agua en forma mercantil condujo a priorizar este recurso como un insumo en los procesos productivos, desprotegiendo el uso del agua para consumo doméstico-urbano y el cuidado de los ecosistemas naturales. El gobierno expidió miles de concesiones para extraer agua de cuencas y acuíferos sin tener información certera de la disponibilidad, sobreexplotandolos y en no pocos casos contaminándolos, como dice la información que justifica este viraje en la política hídrica, ya que así se encuentran más de un centenar de los 635 acuíferos y otro igual de las más de 700 cuencas hidrológicas de México.
Este es el cambio más importante que contiene el Acuerdo, pero para implementarlo es ineludible reformar el marco jurídico vigente mediante la promulgación de una nueva Ley General de Aguas, una versión acorde con el objetivo que implica este cambio, cuestión nada fácil si se considera que en la Cámara de Diputados se trabó una iniciativa de amplio consenso ciudadano, debido a las fuertes presiones de las élites económicas empresariales que se oponían a regular las concesiones de agua que habían acaparado durante tres décadas, así como a la sobreextracción que vienen realizando de volúmenes de agua por encima de los que les fueron concesionados.
El proyecto de ley que promueve el nuevo gobierno federal determinará la congruencia de la política hídrica que pretende, de los términos en que se apruebe con la mayoría legislativa oficial se definirá si estamos ante una nueva visión en la gestión del agua que priorice un enfoque de derechos: derecho humano a un ambiente sano, al agua en cantidad y calidad suficiente, a la información, a la participación y la justicia hídrica. La nueva norma que regulará la gestión del agua debe definir cómo cumplir este enfoque, incluyendo aquellos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en ella y resarcir los daños provocados por la gestión mercantil.
No basta con reformar el marco normativo, es necesario establecer los mecanismos institucionales para que cumpla su cometido. Por ejemplo, en la actual ley la participación ciudadana es posible bajo un esquema no vinculante que poco incide en la política hídrica, particularmente nos referimos a los consejos de cuenca, cuya integración debe ampliarse para democratizarla, pero también deberán tener un carácter vinculante con ella, dejar de ser un mero órgano de consulta, aunado a que se debe reconocer otros medios de supervisarla, como son las contralorías ciudadanas de agua.
No solo debe democratizarse la gestión del agua, es también ineludible atender los impactos sociales y ambientales que derivaron de la gestión mercantil, la nueva ley y política en esta materia debe contemplar mecanismos y acciones de justicia hídrica. La contaminación de ríos como los que se contempla sanear en el Acuerdo, ha provocado daños a la salud de los pobladores ribereños o que tienen contacto con ellos, que también ocurre con la contaminación de acuíferos como el de la Comarca Lagunera (no señalado en el Acuerdo).
El Estado mexicano que fue omiso durante décadas en atender las deficiencias o ineficiencias en la gestión del agua, no puede eludir las llamadas externalidades que derivaron de ella, debe contemplar resarcir esos daños a la población o a los ecosistemas, son tantos que sería imposible se cubran en uno o dos sexenios de gobierno, por ello deben incluirse términos de justicia hídrica en la nueva ley que se empiecen a aplicar en el presente sexenio y dejen establecidas las bases y los mecanismos institucionales para que continúen después del gobierno de la actual presidenta.
Destrabar la promulgación de la nueva Ley General de Aguas en el Congreso de la Unión es una de las prioridades que validarían el Acuerdo que se acaba de firmar, implica concertar con todos los actores económicos, sociales y políticos estos cambios, particularmente con los grandes usuarios de agua del subsuelo y superficial que actualmente concentran concesiones y volúmenes, a la vez de alinear la práctica institucional de la dependencia oficial responsable de la gestión del agua en el país (la Conagua), y de las que operan a nivel estatal y municipal (comisiones y organismos operadores), a este nuevo enfoque. Tarea nada difícil después de operar tres décadas con el enfoque mercantil.
