La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández. (EL UNIVERSAL)
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, advirtió riesgos de una "demolición del Poder Judicial" con la aprobación de la reforma respectiva, que ya fue avalada en la Cámara de Diputados y está próxima a ser votada en el pleno del Senado.
Por lo anterior, puso sobre la mesa una propuesta alterna de reforma que, aseguró, permitirá lograr un sistema integral de seguridad pública y justicia en México.
"Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil academias estudiantes y víctimas de violencia", expresó.
Se trata de dos documentos redactados por integrantes de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que entre otras cosas, plantean eliminar de la reforma presidencial, la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular; y en su lugar crear una Ley Nacional de Carrera Judicial, que unifique reglas y procedimientos para el acceso y la promoción en los cargos en cuestión.
También proponen eliminar del proyecto la creación de un Tribunal de disciplina, destinar más presupuesto al Poder Judicial, la contratación de más personal, así como generar de manera paralela, nuevas políticas públicas de seguridad para extinguir la figura de la prisión preventiva oficiosa y para "desmilitarizar al país", entre otras cosas.
Piña Hernández dijo que las propuestas "son resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales, tanto de quienes tienen a su cargo funciones de seguridad y justicia, como de quienes interactúan con ellos", las cuales incluyen la opinión de jueces federales, magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales.
Detalló, además, que ambas propuestas coinciden con las múltiples recomendaciones y decisiones que han dirigido al Estado mexicano, organismos internacionales e interamericanos de los Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil.
"Hoy todavía es posible, por eso una vez más hago de frente un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores y a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre Poderes de la Unión, escuchemos a las víctimas de violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos, escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz", solicitó.
Finalmente, Piña Hernández advirtió que la demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende hacer mediante la reforma al sistema de justicia, por lo que insistió en que juntos, los Poderes Legislativo y Judicial, pueden dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
